La República Argentina se enfrenta a una sentencia devastadora, tras ser condenada a pagar la cifra de 16.000 millones de dólares al fondo Burford debido a la expropiación controvertida de las acciones de YPF que anteriormente pertenecían a Repsol y al grupo Eskenazi. La jueza de Nueva York, Loretta Preska, emitió este viernes un fallo que dejó al país sudamericano en una situación económica complicada, dado que Argentina esperaba pagar no más de 5.000 millones de dólares como compensación.
La discrepancia entre la cifra de la sentencia y la aspiración argentina radicaba en el cálculo de los intereses, determinados por la fecha en que los funcionarios argentinos intervinieron en YPF y la fecha en que se aprobó la expropiación por ley del Congreso.
Argentina buscaba que la jueza Preska considerara que la fecha de expropiación fue el 7 de mayo de 2012, cuando se aprobó la ley de expropiación, lo que resultaría en una compensación desde esa fecha con una tasa de interés anual retroactiva del 0%, que habría totalizado cerca de 5.000 millones de dólares. Por otro lado, el fondo Burford sostenía que la intervención de YPF ocurrió el 16 de abril de ese año, cuando el entonces Ministro de Economía, Axel Kicillof, fue nombrado interventor de la empresa y desplazó a los accionistas privados. Entre esa fecha y el 7 de mayo, las acciones de YPF cayeron un 25%.
La jueza Preska, en su fallo, optó por la tasa de interés del 8% anual solicitada por Burford, lo que elevó la compensación a los 16.000 millones de dólares. Además, argumentó que esta tasa era apropiada y equitativa, señalando que Argentina había acordado una tasa similar en casos anteriores, como el pago de 5.000 millones de dólares a Repsol por la expropiación de YPF.
El monto de 16.000 millones de dólares supera el valor actual del 100% de YPF, tanto si se calcula utilizando el dólar oficial como el dólar libre. Esta sentencia representa un desafío financiero significativo para Argentina, que ahora deberá buscar soluciones legales para apelar la decisión de la jueza.
Este litigio se originó a raíz de la expropiación de acciones de Repsol en YPF en 2012, donde los demandantes argumentaban que Argentina no había cumplido con las condiciones estatutarias de YPF al no hacer una oferta pública por todas las acciones de la empresa. El fondo Burford adquirió los derechos de los Eskenazi para llevar a cabo esta demanda, lo que desencadenó un largo proceso legal.
La decisión de la jueza Preska se basó en declaraciones previas de Axel Kicillof, quien admitió que sería “estúpido” cumplir con la ley de YPF. El fallo también resalta que la República Argentina promulgó legislación que le permitió adquirir el control de YPF sin cumplir con los estatutos de la empresa.
Argentina tiene la opción de apelar la sentencia ante la Cámara de Apelaciones y, en última instancia, ante la Corte Suprema de Justicia. Hasta el momento, el país ha perdido todas las apelaciones relacionadas con este caso.
Este conflicto se originó con la participación de los Eskenazi en YPF, propuestos por Néstor Kirchner en 2008 para ser la “pata local” en la petrolera. Con el tiempo, los Eskenazi adquirieron una parte importante de las acciones de YPF sin invertir dinero propio, lo que llevó a la asfixia financiera de la empresa y al déficit energético en Argentina. La expropiación de YPF en 2012 y la posterior demanda de Burford ampliaron este conflicto legal y financiero.
