Entidades nacionales e internacionales denunciaron una campaña de hostigamiento contra el periodista de LA NACION, luego de que revelara detalles del Plan Nacional de Inteligencia que habilitaría el seguimiento a quienes “manipulen la opinión pública”

Entidades nacionales e internacionales denunciaron una campaña de hostigamiento contra el periodista de LA NACION, luego de que revelara detalles del Plan Nacional de Inteligencia que habilitaría el seguimiento a quienes “manipulen la opinión pública”. La denuncia exhibe una creciente tensión entre el poder político y el periodismo de investigación.

Por [Nombre del periodista]

La reciente investigación publicada por el periodista Hugo Alconada Mon en LA NACION, en la que se exponen aspectos sensibles del nuevo Plan Nacional de Inteligencia aprobado por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), desencadenó una ola de amenazas, intentos de ciberataques y acciones intimidatorias directas que generaron una respuesta inmediata del sistema periodístico nacional e internacional.

Una ofensiva coordinada

Desde la publicación del artículo, que revela que el plan oficial contempla como “sujetos de interés” a quienes “manipulen la opinión pública”, difundan “desinformación” o “erosionen” la confianza en los funcionarios públicos, Alconada Mon fue blanco de una campaña que incluyó al menos diez intentos de hackeo a sus cuentas personales, amenazas telefónicas desde líneas desconocidas, y la suplantación de su identidad en una plataforma pornográfica.

La dimensión del hostigamiento provocó el repudio inmediato de organismos como la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Estas instituciones denunciaron los hechos como un “grave atentado a la libertad de expresión” y reclamaron al Gobierno nacional que cese los discursos que alimentan la violencia contra la prensa.

Reacciones institucionales y pedidos de cordura

ADEPA, en un comunicado oficial, expresó su “más enérgico rechazo a la campaña de hostigamiento y los intentos de ciberacoso sufridos por el periodista Hugo Alconada Mon a raíz de la publicación de una nota de su autoría sobre un programa de inteligencia nacional”. Subrayó que estos hechos representan una amenaza directa “contra su privacidad y seguridad” y exigió “una investigación exhaustiva por parte de los poderes públicos para esclarecer los hechos y castigar a los responsables”.

FOPEA fue más allá y advirtió que lo ocurrido podría configurar un caso de “espionaje a periodistas”. Recordó que Alconada Mon advirtió sobre los riesgos del Plan Nacional de Inteligencia, que habilitaría la vigilancia sobre ciudadanos que el Estado considere factores de desestabilización informativa. “Este hostigamiento no es aislado: se inscribe en un clima de creciente intolerancia hacia el periodismo crítico”, alertó la entidad. También pidió al gobierno “llamar a la cordura a sus seguidores” y condenar expresamente cualquier tipo de violencia.

Inquietud por el rol de los servicios de inteligencia

Desde el retorno de la democracia, la actuación de los servicios de inteligencia ha sido un terreno en disputa, con numerosas denuncias por espionaje ilegal, persecuciones políticas e intentos de disciplinamiento institucional. En este marco, la posibilidad de que el nuevo plan permita perseguir a periodistas que denuncien o incomoden al poder, reactiva los peores fantasmas del pasado reciente.

“El Estado tiene un interés legítimo en proteger su seguridad, pero eso no puede implicar el seguimiento de periodistas por el contenido de sus investigaciones”, señalaron desde la SIP. “Cuando se cruzan esos límites, lo que está en juego no es solo la integridad de un periodista, sino el derecho de la sociedad a estar informada”.

El silencio del Gobierno y la escalada digital

En paralelo al repudio institucional, el silencio del oficialismo frente a los hechos fue interpretado como una señal preocupante. En redes sociales, cuentas vinculadas al entorno del presidente replicaron mensajes descalificatorios contra el periodista, amplificando el clima de violencia digital.

Entre los hechos denunciados por Alconada Mon se incluyen múltiples intentos de acceso a su cuenta de WhatsApp, un intento de tomar control de su perfil de X (exTwitter), amenazas desde al menos cuatro números distintos y la utilización de su nombre en una web pornográfica. Según relató, la seguidilla comenzó apenas horas después de que se publicara su nota sobre la SIDE.

Solidaridad política y advertencia desde la UCR

Distintos actores políticos también manifestaron su solidaridad. La Unión Cívica Radical (UCR) se sumó al repudio con un comunicado donde reclamó al gobierno nacional “cesar con el ataque al periodismo y poner fin a los insultos, amenazas y agravios por parte del presidente y las cuentas en redes sociales vinculadas al oficialismo”.

El senador Martín Lousteau, titular del Comité Nacional del radicalismo, ya había expresado su preocupación cuando el Plan Nacional de Inteligencia fue presentado ante la Comisión Bicameral de Fiscalización. “No podemos permitir que el Estado se transforme en un aparato de vigilancia contra la ciudadanía o los medios de comunicación”, sostuvo.

También se pronunció el espacio Encuentro Radical, a través de un mensaje que lleva la firma de Juan Antonio Portesi y Carlos Areta Lamas: “No a la violencia de Estado. La libertad de prensa es uno de los pilares de la democracia”.

Un límite institucional: prensa libre o prensa vigilada

Este episodio plantea una disyuntiva clave en el funcionamiento democrático: si el periodismo puede operar libremente o debe hacerlo bajo la sombra de una posible represalia estatal. En su artículo, Alconada Mon reveló un documento que, bajo el pretexto de combatir la “manipulación informativa”, abre la puerta a formas de monitoreo sobre actores políticos, periodistas y ciudadanos.

Las organizaciones que se solidarizaron con él coinciden en que los ataques no solo son graves por su carácter individual, sino por el precedente que podrían sentar en términos de censura, autocensura y erosión del periodismo de investigación.

Un caso testigo para el futuro de la libertad de prensa

Lo ocurrido con Hugo Alconada Mon es, para muchos, un caso testigo. No solo por la gravedad de las amenazas recibidas, sino porque pone en cuestión el tipo de relación que el poder político está dispuesto a mantener con la prensa crítica.

En tiempos donde la desinformación es combatida con marcos regulatorios, la delgada línea entre protección institucional y control ideológico se vuelve más difusa. Por eso, el reclamo unánime de las entidades periodísticas no es solo por un periodista en particular, sino por el derecho de toda sociedad a informarse sin coerción, sin miedo y sin vigilancia.