0
0
Un operativo judicial se desplegó este miércoles en tres sucursales de la inmobiliaria Rucci, ubicadas en los barrios porteños de Liniers, Mataderos y Villa del Parque, en el marco de la investigación sobre la compra de un departamento en Caballito por parte del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El procedimiento, ordenado por la fiscalía, consistió en órdenes de presentación con allanamiento en subsidio y tuvo como objetivo recolectar documentación vinculada con la operación inmobiliaria original. La medida apunta a reconstruir la trazabilidad de la compraventa y esclarecer la estructura financiera utilizada.
El operativo se realizó en simultáneo con la declaración de la escribana Adriana Mónica Nechevenko ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, en los tribunales de Comodoro Py.
La causa tiene como eje la adquisición de un departamento ubicado en la calle Miró al 500, concretada en noviembre de 2025 por un valor declarado de 230 mil dólares. Según la investigación, las vendedoras del inmueble, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, no solo actuaron como propietarias, sino también como acreedoras de una hipoteca por 200 mil dólares, aportada en partes iguales.
El esquema presenta particularidades que motivaron el interés judicial: se trata de una hipoteca no bancaria, sin interés y con un plazo de devolución de un año. Además, el acuerdo establece que, si no se cancela la totalidad del monto en el plazo previsto, el comprador deberá devolver el inmueble.
En ese sentido, la operación fue encuadrada como una compraventa con saldo de precio financiado, más que como un préstamo tradicional. Esta interpretación fue respaldada por la escribana interviniente, quien aseguró que no hubo entrega de dinero en efectivo en calidad de préstamo y calificó la operación como “normal”.
No obstante, la fiscalía analiza la lógica económica del acuerdo, especialmente la ausencia de intereses en la hipoteca, lo que abre interrogantes sobre el beneficio real para las partes involucradas.
El expediente también incorpora el testimonio del exfutbolista Hugo Morales, primer propietario del inmueble. Según declaró, intentó vender el departamento durante dos años sin éxito debido a su estado y finalmente aceptó una oferta inferior a la inicial. Afirmó además que el pago se realizó en efectivo y que, al momento de la escritura, ya estaban presentes las futuras acreedoras de la hipoteca.
La investigación se extiende a otras operaciones vinculadas al patrimonio del funcionario. Entre ellas, una hipoteca sobre un departamento en la calle Asamblea, por la cual recibió 100 mil dólares de particulares con una tasa de interés del 11% anual. Parte de esos fondos fue utilizada para la compra de una propiedad a nombre de su esposa, Julieta Bettina Angeletti.
La causa, iniciada a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano, busca determinar posibles inconsistencias en las declaraciones patrimoniales de Adorni. En ese marco, el fiscal Pollicita consideró que existen elementos suficientes para avanzar con medidas de prueba y esclarecer la evolución de los bienes del funcionario.
Como parte de ese proceso, fueron citadas a declarar las cuatro mujeres involucradas en las distintas operaciones, mientras la justicia continúa reuniendo documentación y testimonios para determinar si existieron irregularidades.
