La Tierra Indígena Araribóia, en el empobrecido estado de Maranhao, en el noreste de Brasil, registra un aumento de violencia y solo en los primeros meses de este año dos líderes indígenas y un motorista de la Secretaría Especial de Salud Indígena fueron asesinados, informa O Globo. 

De esta reserva, que cuenta con 413.000 hectáreas compartidas por unos 10.000 miembros de tres diferentes etnias, es originaria la ministra de los Pueblos Indígenas, Sonia Guajajara.

Los indígenas sufren las agresiones de compradores ilegales de tierras y madereros. A esto se añade un trágico incendio que consumió en 2015 el 50 % del territorio y generó una gran inseguridad alimentaria entre los pueblos tradicionales, al quedar los campos devastados.

a reserva también es la cuna de los Guardianes del Amazonas, integrado por grupos de distintas comunidades indígenas, que organizan sus propias redadas y mecanismos de defensa contra los invasores que pretenden extraer ilegalmente recursos naturales de sus tierras.

Recuperar sus derechos

Desde finales de 2012, los guardianes cerraron más de 70 carreteras ilegales utilizadas por madereros. Araribóia forma parte de las ocho reservas que recibirán apoyo de la Fundación Nacional del Indio (Funai) para desalojar a los invasores ilegales de sus tierras.

En un estudio encargado por O Globo, el Consejo Misionero Indigenista (CIMI), una organización del Episcopado de la Iglesia Católica brasileña, calculó que 23 indígenas fueron asesinados en los últimos cuatro años en Maranhao.

Uno de los homicidios que mayor repercusión causó fue el de Paul Paulino Guajajara, conocido como el ‘Lobo’ y uno de los Guardianes del Amazonas, quien recibió en 2019 un disparo en la cara.

Por otro, la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) informó en un estudio reciente que Maranhao registró el año pasado el mayor número de conflictos (178), seguido por Pará (175), Amazonas (152) y Mato Grosso (147).

La situación de los pueblos indígenas empeoró durante la administración de Jair Bolsonaro (2019-2022), un excapitán del Ejército que promovió activamente el avance del agronegocio y la explotación comercial de las áreas protegidas.

Según los ambientalistas, la retórica del mandatario y el desmonte de los organismos de control ambiental generó una sensación de impunidad que disparó los crímenes ambientales.

El pasado 28 de abril, el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva anunció la demarcación de las primeras seis tierras indígenas desde 2018, lo que supuso una victoria para los pueblos tradicionales, que poco a poco vuelven a recuperar sus derechos tras la gestión de Bolsonaro.