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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó por escrito más de dos mil respuestas ante la Cámara de Diputados en la antesala de su informe de gestión, en un contexto atravesado por una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. Dentro de ese extenso documento, cuatro ejes concentran las principales objeciones de la oposición: su viaje a Punta del Este, la evolución de su patrimonio, los gastos de las comitivas oficiales y los vínculos contractuales entre el Estado y el periodista Marcelo Grandio.
Sobre el viaje a Uruguay, el Gobierno sostuvo que no correspondía su registro en el sistema de viajes financiados por terceros, al tratarse —según la interpretación oficial— de una normativa limitada a actividades académicas o culturales. La respuesta se apoyó además en la intervención de la Oficina Anticorrupción, que no detectó conflictos de interés. Sin embargo, el informe evitó precisar quién financió el traslado y si existen vínculos contractuales entre esos aportantes y el Estado.
Ese punto es, precisamente, el que investiga la Justicia federal. El juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita analizan el caso bajo la figura de dádivas. En la causa consta que Grandio habría pagado los pasajes a través de su productora, Imhouse, que al mismo tiempo mantenía contratos con la TV Pública. La operatoria incluye facturación específica y registros de pagos que hoy forman parte del expediente.
Otro de los focos es la evolución patrimonial del funcionario. El Gobierno remitió a la declaración jurada pública correspondiente a 2024, aunque ese documento no incluye adquisiciones posteriores, como un departamento en Caballito ni una propiedad en un country bonaerense a nombre de su esposa, Bettina Angeletti. La presentación actualizada recién deberá realizarse a fines de julio, lo que en la práctica posterga la visibilidad completa de su patrimonio.
En paralelo, la estructura financiera de algunas operaciones inmobiliarias quedó bajo análisis judicial, especialmente por el volumen de financiamiento privado involucrado. Desde la oposición, se sostiene que el crecimiento patrimonial habría sido significativo en un período breve, una afirmación que el funcionario evitó profundizar públicamente al amparo de la causa en curso.
El capítulo de los contratos también genera tensión. Aunque el Gobierno aseguró que Grandio no fue contratado directamente por Radio y Televisión Argentina, sí se confirmó que su productora firmó acuerdos de coproducción que implicaron el uso de recursos públicos. A esto se suman transferencias de dinero previas a la asunción de Adorni, cuyo origen y finalidad aún se investigan.
El informe oficial también detalló los gastos de los viajes presidenciales de Javier Milei, que superaron los 425 millones de pesos en pocos meses. Entre ellos, se destacan traslados internacionales de alto costo y la inclusión de acompañantes en carácter de invitados, sin desagregación precisa de los gastos asociados.
Por último, el Gobierno reconoció que aún no se presentó la declaración jurada correspondiente al nuevo cargo de Adorni como jefe de Gabinete, argumentando que el plazo legal sigue vigente. Esa admisión abre otro frente de cuestionamientos, ya que la normativa contempla plazos específicos para la actualización patrimonial al asumir nuevas funciones.
En conjunto, las respuestas oficiales delinean una estrategia defensiva que combina interpretaciones normativas, remisiones a documentación existente y omisiones puntuales. Mientras tanto, la investigación judicial avanza y mantiene bajo escrutinio aspectos clave de la gestión y la conducta patrimonial del principal vocero del Gobierno.MODO DE DESARROLLADOR
