Tras un entendimiento alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno argentino se compromete a mantener la meta de déficit fiscal primario en 1,9% del Producto Bruto Interno (PBI) para el segundo semestre del año. Sin embargo, esto implicará un “mayor endurecimiento de la política fiscal”, según lo informado por el organismo multilateral de crédito.

Para cumplir con esta meta, se implementarán diversas medidas, entre ellas, “contener el crecimiento de la masa salarial” para poner un límite a las paritarias del sector público. También se solicitará una actualización de las tarifas de energía para reflejar los cambios en los costos de producción, lo que implica aumentos adicionales en los servicios públicos.

Además, se buscará fortalecer los controles de gasto mediante una asistencia social mejor focalizada y una racionalización de las transferencias a provincias y empresas estatales. Estas medidas, según el comunicado del FMI, contribuirán a compensar los menores derechos de exportación debido a la sequía.

El acuerdo con el FMI se dará a conocer después de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), y aunque se espera que el Gobierno haya cedido a los requerimientos del organismo en lo fiscal, algunos especialistas sostienen que aún quedan desafíos importantes en el ajuste del gasto para el segundo semestre del año, especialmente en un contexto electoral.

El acuerdo también incluye la posibilidad de intervenir en el mercado cambiario si hay indicios de una “corrida cambiaria”, aunque el Gobierno rechazó una devaluación directa, que habría tenido un alto costo político.

En resumen, Argentina enfrenta un importante ajuste fiscal en el segundo semestre para cumplir con las metas acordadas con el FMI, lo que implicará medidas de contención salarial, aumentos en tarifas de servicios públicos y un control más riguroso del gasto social y las transferencias.