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El Gobierno decidió imprimirle mayor velocidad al proceso de designación de jueces para cubrir vacantes en distintos tribunales del país. En ese marco, prevé enviar al Senado en las próximas semanas alrededor de 30 nuevos pliegos, varios de ellos correspondientes a cargos clave en la justicia federal del interior.
Según fuentes oficiales, el cambio de ritmo es significativo: tras casi dos años sin avances, en apenas dos meses ya se remitieron más de 100 postulaciones. En el oficialismo grafican la situación como “un caño tapado que se destapa”, en referencia a la acumulación de concursos demorados.
Sin embargo, este impulso no está exento de cuestionamientos. Las ternas aprobadas recientemente por el Consejo de la Magistratura generaron críticas en sectores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación cercanos a Ricardo Lorenzetti. Allí advierten sobre posibles discrecionalidades en la selección de candidatos.
El propio Lorenzetti, junto a Carlos Rosenkrantz, impulsó un nuevo reglamento que busca limitar la influencia política en los concursos. La propuesta apunta a que el resultado de los exámenes tenga mayor peso y a reducir el margen de las entrevistas personales para alterar el orden de mérito.
Mientras el Consejo debate ese reglamento, crecen las diferencias internas. Las ternas para cubrir lugares en la Cámara Federal —incluyendo postulantes como Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi— fueron especialmente observadas por sectores críticos, que sostienen que hubo intervención de operadores políticos.
Desde el entorno de Horacio Rosatti, presidente de la Corte, evitaron pronunciarse sobre estas tensiones, aunque las diferencias con Lorenzetti parecen haberse profundizado en las últimas semanas.
En paralelo, el Consejo de la Magistratura planea avanzar con al menos 20 nuevas ternas antes de fin de mes, en un esquema que algunos describen como una “fábrica de jueces” en pleno funcionamiento. Este dinamismo también reconfigura el poder interno: a medida que el Ejecutivo envía pliegos, los consejeros respaldan candidatos y consolidan alianzas.
El trasfondo político agrega aún más complejidad. La interna dentro del oficialismo comenzó a proyectarse sobre la Corte Suprema. El asesor presidencial Santiago Caputo sugirió públicamente alineamientos entre los jueces, ubicando a Rosatti más cerca de Karina Milei y a Lorenzetti y Rosenkrantz en su propio espacio.
Las declaraciones generaron malestar en el ámbito judicial, aunque en la Corte minimizaron su impacto. Cerca de los magistrados aseguran que estos posicionamientos no tienen incidencia real en el funcionamiento del tribunal.
Aun así, en los tribunales se interpreta que las disputas políticas empiezan a cruzarse con el sistema judicial, en un contexto donde la designación de jueces no solo define la estructura de la Justicia, sino también el equilibrio de poder entre los distintos sectores.
