Una crisis silenciosa pero grave atraviesa a uno de los organismos clave del sistema republicano argentino: la Auditoría General de la Nación (AGN). Con funciones paralizadas desde hace meses y sin conducción efectiva, el debate por la designación de sus nuevas autoridades comenzó a tomar temperatura en el Congreso.

Este miércoles, la Comisión Mixta Revisora de Cuentas —presidida por el diputado Miguel Ángel Pichetto— retomó las discusiones sobre las vacantes en la AGN, luego de un paso inicial por las comisiones de ambas Cámaras. En el encuentro, participaron autoridades de la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC), que presentaron un duro diagnóstico sobre el estado actual del organismo.

“El barco está a la deriva: sin capitán, sin tripulación, sin rumbo”, sintetizó Hugo Quintana, secretario general de APOC, al describir el presente de la AGN. “Hace meses que no funciona, no tenemos presupuesto desde hace dos años y hace 25 años que no hay Defensor del Pueblo. Esto ya no es un problema técnico: es una crisis institucional”, remarcó.

Quintana también alertó sobre el impacto de esta parálisis en la confianza ciudadana: “La distancia entre la política y la gente no se resuelve con discursos, sino con transparencia. Los gobiernos tienen que demostrar en qué gastan y cómo lo hacen. Solo así los argentinos volverán a interesarse por la política”.

Disputa por el control institucional

El consenso sobre la gravedad del cuadro no alcanzó para ordenar el debate político. Por el contrario, la discusión reveló nuevas tensiones entre oficialismo, oposición e incluso entre aliados circunstanciales del Gobierno. En el centro de la controversia quedó el proyecto impulsado por el presidente de Diputados, Martín Menem, que propone modificar la ley vigente para alterar la integración y designación de los auditores.

La iniciativa plantea reducir de ocho a cuatro años la duración del mandato, modificar el reparto de cargos (cuatro auditores para Diputados, dos para el Senado), y que sea la Cámara Alta la que designe al presidente de la AGN, aunque éste deba ser de la oposición.

La propuesta fue inmediatamente cuestionada por sectores opositores, bloques aliados e incluso por legisladores con trayectoria institucional. El senador Juan Carlos Romero, histórico antikirchnerista y aliado frecuente del oficialismo en la Cámara Alta, fue tajante: “Este proyecto es por lo menos exótico. Hasta el portero sabe que no pasa por el Senado”.

Romero, junto con Pichetto y otros legisladores como Mariano Recalde, consideró que el proyecto vulnera la Constitución, al alterar el equilibrio institucional previsto para la AGN. “La Constitución deja libre el número de auditores, pero no cómo se elige a su presidente. Esto es un intento de colonizar el organismo”, advirtió.

El Gobierno, acusado de frenar los controles

Desde el peronismo, el jefe del bloque de Diputados, Germán Martínez, calificó la jugada como “una maniobra del oficialismo” para bloquear las designaciones y desarticular los acuerdos políticos existentes. “Presentan un proyecto irrealizable para justificar la parálisis. Es una forma de vaciar el control”, denunció.

En la misma línea, la diputada Luana Volnovich vinculó la movida del oficialismo con una estrategia más amplia: “El mismo Gobierno que exige auditorías a las universidades está impidiendo que se audite su propia gestión. Estos artilugios exóticos buscan dinamitar todos los consensos”.

Desde el oficialismo, el diputado libertario Julio Moreno Ovalle defendió el proyecto de Menem. Afirmó que existe “mucho consenso” para reducir la duración de los mandatos y los sueldos, y aseguró que “el objetivo es abrir el debate”.

Pero las críticas no se hicieron esperar. José Mayans, jefe del bloque kirchnerista en el Senado, preguntó cuál fue el criterio para proponer un reparto asimétrico de auditores, y concluyó: “Esto no resiste el menor análisis constitucional”.

Pichetto pide avanzar: “La AGN no le sirve a nadie así”

Como presidente de la Bicameral, Miguel Ángel Pichetto pidió avanzar rápidamente en las designaciones. Recordó su paso por la AGN y subrayó que “el proyecto es inconstitucional y genera una asimetría innecesaria entre las Cámaras”. Enfatizó que la definición le corresponde al Congreso, no al Ejecutivo: “Si seguimos debatiendo esto, la AGN no le va a servir a nadie. El Gobierno puede tener otras intenciones, pero esta es una facultad indelegable del Parlamento”.

La pulseada por la AGN pone en juego algo más que cargos: expone el trasfondo de una disputa por el control de los organismos de fiscalización, en un contexto de creciente desconfianza institucional y demandas sociales por mayor transparencia. Mientras tanto, el barco sigue a la deriva.