El Gobierno nacional se prepara para ejecutar una última batería de decretos y resoluciones antes del 8 de julio, fecha en la que vencerán las facultades delegadas otorgadas al Poder Ejecutivo por la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, sancionada casi un año atrás. La norma permitió al Ejecutivo avanzar sin pasar por el Congreso en una serie de medidas administrativas y de simplificación del Estado.
El principal artífice de este proceso ha sido el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien desde su llegada al gabinete fue el encargado de llevar adelante la reestructuración de organismos públicos. En su oficina, incluso, hay un contador que marca cuántos días le restan para seguir firmando medidas bajo ese paraguas legal, que el oficialismo no renovará.
Ante el vencimiento inminente, Sturzenegger ya trabaja en una serie de decretos de simplificación y reordenamiento institucional, que se publicarán en los próximos días y apuntan a modificar áreas clave como Transporte, Salud y Economía.
Transporte: hacia una agencia unificada
Una de las reformas más avanzadas es la creación de una nueva agencia que absorberá funciones de tres organismos actuales: la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y el sector automotor de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST).
Esta reconfiguración busca terminar con lo que el Gobierno considera una estructura duplicada y costosa. “El objetivo es reducir duplicaciones, gasto innecesario y poner fin a décadas de despilfarro”, explicó Sturzenegger en su cuenta de X.
Por el momento, no hay definiciones concretas sobre la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) ni el ORSNA (Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos), aunque se baraja una posible fusión. Voces internas del área advierten que ambas dependencias tienen funciones específicas que no serían fácilmente compatibles.
La tensión en el área aérea creció con la reciente renuncia de María Julia Cordero, interventora de ANAC, reemplazada por Oscar Villabona, un dirigente cercano al subsecretario de Transporte Aéreo, Hernán Gómez.
Salud: reorganización sin disolución de ANMAT
En el ámbito de Salud, las versiones sobre la posible eliminación de la ANMAT fueron desmentidas por fuentes cercanas al ministro Mario Lugones. No obstante, sí se confirmó que el Instituto Nacional del Cáncer será absorbido por el Ministerio, como parte de una estrategia de centralización de funciones.
«Muchos de los trabajos del Instituto ya se ejecutan desde el Ministerio», dijeron desde la cartera, aunque aún resta la publicación oficial del decreto que formalice el cambio.
Economía: bajo la lupa Senasa e INTA
En la órbita del Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo, se proyectan modificaciones para el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), acusado de ser excesivamente burocrático, y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Ambos organismos podrían ver reducida su autonomía si pasan a funcionar como agencias o dependencias internas, perdiendo sus presupuestos propios y parte de su estructura administrativa. La intención oficial es evitar que cada organismo tenga departamentos duplicados (como legales, prensa o recursos humanos), que ya existen en los ministerios de los que dependen.
Un cambio de modelo estatal
Las reformas impulsadas por Sturzenegger apuntan a reducir el gasto público y eliminar estructuras paralelas, bajo una lógica de eficiencia administrativa. El Gobierno considera que muchos entes autárquicos creados en las últimas décadas tienen funciones superpuestas, escasa coordinación y elevado costo operativo.
La estrategia, sin embargo, enfrenta resistencias internas y externas. Mientras algunos sectores alertan sobre posibles impactos en la calidad de los servicios, otros cuestionan la falta de debate legislativo detrás de las decisiones más drásticas.
Con las facultades delegadas a punto de expirar, lo que se defina en las próximas semanas podría marcar el rumbo final de uno de los capítulos más ambiciosos —y controvertidos— de la gestión de Javier Milei en materia de reforma estatal.
