Tres décadas después de aquel 1° de octubre de 1996, la Ciudad cuenta con Ejecutivo, Legislatura, Justicia, Policía y organismos de control propios. Sin embargo, todavía existen competencias estratégicas que permanecen en manos de la Nación y que mantienen abierto el debate sobre el alcance definitivo de la autonomía porteña.

El 1° de octubre de 1996 quedó inscripto como una de las fechas centrales en la historia institucional de Buenos Aires. Ese día, la Convención Constituyente de la Ciudad sancionó la Constitución porteña, dando forma jurídica y política a un proceso que había comenzado dos años antes con la reforma de la Constitución Nacional de 1994.

No se trató solamente de la aprobación de un nuevo texto legal. La Constitución porteña significó la transformación de Buenos Aires desde su condición histórica de Capital Federal, administrada bajo un régimen dependiente del poder nacional, hacia una ciudad con instituciones propias, autoridades elegidas por el voto popular y facultades de legislación y jurisdicción. El Gobierno de la Ciudad considera aquella sanción como el punto de partida de una nueva etapa democrática e institucional.

El proceso había comenzado con el artículo 129 de la Constitución Nacional, incorporado en la reforma de 1994. Allí se estableció que la Ciudad de Buenos Aires tendría un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción, y que su jefe de Gobierno sería elegido directamente por sus habitantes. La reforma abrió así el camino para que los porteños pudieran darse sus propias instituciones.

Dos años después, la autonomía comenzó a materializarse. El 30 de junio de 1996 se realizaron las primeras elecciones para elegir al jefe de Gobierno y a los representantes que tendrían a su cargo la elaboración del nuevo estatuto institucional. Fernando de la Rúa fue elegido como primer jefe de Gobierno de la Ciudad, acompañado por Enrique Olivera.

La Convención Constituyente sesionó durante 75 días y finalmente, el 1° de octubre de 1996, aprobó la Constitución. La norma organizó el nuevo sistema institucional sobre la base de tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. También creó organismos de control y estableció un amplio catálogo de derechos, garantías y políticas especiales.

Una ciudad que comenzó a gobernarse a sí misma

La transformación institucional fue profunda. La Constitución estableció una Legislatura unicameral integrada por 60 representantes, un Poder Ejecutivo encabezado por un jefe y un vicejefe de Gobierno elegidos directamente y un Poder Judicial propio, junto con instituciones como el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público y distintos organismos de control.

También incorporó derechos y principios que excedían la mera organización del Estado. La Constitución porteña incluyó disposiciones vinculadas con igualdad, privacidad, libertad de expresión, acceso a la Justicia, salud, educación, ambiente, vivienda, cultura, seguridad, trabajo, ciencia y tecnología, entre otras áreas.

La autonomía, sin embargo, nunca fue un proceso instantáneo. Durante las tres décadas posteriores a 1996, la Ciudad fue incorporando progresivamente nuevas competencias y creando estructuras propias para ejercerlas.

En ese recorrido aparecen algunos de los cambios más visibles para los porteños: la construcción de un Poder Judicial local, la creación de la Policía Metropolitana y posteriormente de la Policía de la Ciudad, el traspaso de la administración del subterráneo y, más recientemente, la transferencia de competencias sobre las líneas de colectivos cuyos recorridos se desarrollan íntegramente dentro del territorio porteño. La documentación oficial confirma que el proceso de transferencia de esas 31 líneas comenzó a instrumentarse mediante un acuerdo entre Nación y Ciudad firmado en septiembre de 2024.

La autonomía que todavía tiene zonas pendientes

Treinta años después de la sanción de la Constitución, el debate sobre la autonomía no está cerrado. La propia documentación institucional de la Ciudad reconoce que el proceso continúa abierto y que existen competencias administrativas, judiciales y territoriales cuyo traspaso todavía debe completarse.

Uno de los principales puntos de discusión es la Justicia. Buenos Aires posee tribunales, Ministerio Público y otras instituciones judiciales propias, pero dentro de su territorio todavía funcionan estructuras de la Justicia Nacional. El proceso de transferencia de competencias judiciales ha avanzado durante los últimos años, aunque continúa requiriendo acuerdos y modificaciones legislativas.

La discusión tiene además una dimensión constitucional. El artículo 129 reconoce la autonomía, pero la Ley Nacional 24.588 estableció mecanismos destinados a preservar los intereses del Estado nacional mientras Buenos Aires continúe siendo la Capital de la República. Esa convivencia entre autonomía local y competencias nacionales constituye una de las razones por las que el alcance de la autonomía continúa siendo materia de debate político y jurídico.

Entre las áreas que habitualmente aparecen en esa discusión se encuentran el Puerto de Buenos Aires, la Terminal de Ómnibus de Retiro, sectores ferroviarios y otros espacios estratégicos cuya administración no depende exclusivamente del Gobierno porteño.

Desde la perspectiva del Ejecutivo de la Ciudad, completar esos traspasos permitiría que las decisiones sobre transporte, desarrollo urbano, infraestructura y planificación territorial tengan una conducción más integrada. Para otros actores institucionales, en cambio, la discusión debe contemplar también el carácter de Buenos Aires como Capital Federal y sede de las autoridades nacionales.

De la autonomía política a la autonomía cotidiana

La historia de estos 30 años también puede leerse a través de las distintas administraciones porteñas. Después de Fernando de la Rúa, quien dejó la Jefatura de Gobierno para asumir la Presidencia de la Nación en 1999, Enrique Olivera completó el mandato. Luego gobernaron Aníbal Ibarra y Jorge Telerman.

La destitución de Ibarra, después del juicio político relacionado con la tragedia de Cromañón, constituyó uno de los primeros grandes episodios institucionales en los que las nuevas herramientas de la autonomía porteña fueron puestas a prueba.

En 2007 comenzó el ciclo del PRO con Mauricio Macri, seguido por Horacio Rodríguez Larreta desde 2015. Durante esos años continuaron los procesos de transferencia de competencias y se profundizó la construcción de estructuras propias de seguridad, transporte, infraestructura y administración.

Desde diciembre de 2023, la Jefatura de Gobierno está a cargo de Jorge Macri.

El Poder Judicial, una de las grandes asignaturas pendientes

La construcción de una Justicia propia constituye uno de los capítulos más complejos de la autonomía. La Ciudad desarrolló tribunales, fiscalías, defensorías y organismos judiciales, pero el proceso de transferencia de competencias desde la Nación todavía no terminó.

En los últimos años se produjeron avances en materia penal y laboral y se firmaron convenios destinados a ampliar progresivamente las competencias porteñas. El objetivo planteado por las autoridades locales es que el fuero laboral porteño pueda comenzar a funcionar una vez completados los procedimientos institucionales correspondientes.

La discusión también llegó a la Corte Suprema. Distintos pronunciamientos del máximo tribunal fueron delimitando la relación entre la Justicia Nacional y la Justicia porteña y el reconocimiento de la autonomía jurisdiccional de Buenos Aires. En ese contexto, el debate dejó de ser exclusivamente político y pasó a involucrar de manera creciente cuestiones constitucionales y judiciales.

Subte, colectivos y Policía: las competencias que cambiaron la vida cotidiana

La autonomía también se hizo visible en áreas que forman parte de la rutina de millones de personas.

El subterráneo constituye uno de los ejemplos más importantes. La transferencia de los servicios de subterráneos y premetro quedó establecida a partir de los acuerdos y normas nacionales correspondientes, y la Ciudad pasó a ejercer competencias sobre su administración y fiscalización.

En el transporte automotor, el proceso más reciente fue el traspaso de las líneas cuyos recorridos se desarrollan íntegramente dentro de la Ciudad. La normativa porteña enumera 31 servicios —entre ellos las líneas 4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151— sobre los que la Ciudad asumió competencias de regulación, control y fiscalización.

La seguridad representa otro de los grandes cambios. La Ciudad pasó de depender de la estructura policial federal a desarrollar una fuerza propia. El recorrido comenzó con la Policía Metropolitana y terminó con la actual Policía de la Ciudad, integrada después de la transferencia de efectivos y competencias provenientes de la Policía Federal.

Una Constitución que también anticipó nuevos derechos

La Carta Magna porteña no se limitó a establecer quién gobierna y cómo se distribuye el poder. También construyó un marco institucional para políticas públicas vinculadas con derechos sociales, ambiente, salud, educación, vivienda, cultura, trabajo, ciencia y tecnología.

En algunos aspectos, el texto de 1996 anticipó discusiones que décadas después adquirirían una importancia mucho mayor. La incorporación de políticas relacionadas con ciencia, innovación tecnológica y acceso a la información adquirió una nueva dimensión con la digitalización de la administración pública y la expansión de la inteligencia artificial.

Tres décadas después, las instituciones porteñas enfrentan problemas que eran difíciles de imaginar cuando la Convención Constituyente comenzó a sesionar: delitos informáticos, evidencia digital, nuevas formas de movilidad, transformación tecnológica del trabajo, inteligencia artificial, cambios demográficos y la necesidad de adaptar los servicios públicos a una ciudad cada vez más compleja.

Treinta años después, el debate vuelve al punto de partida

El aniversario encuentra a Buenos Aires con una estructura institucional muy diferente de aquella que existía antes de 1994. Hoy los porteños eligen directamente a sus autoridades, cuentan con una Legislatura propia, un sistema judicial local, organismos de control, instituciones de seguridad y competencias propias sobre áreas que durante décadas estuvieron bajo administración nacional.

Pero la historia de la autonomía también muestra que la transformación fue gradual y que todavía existen espacios donde las competencias permanecen superpuestas o requieren nuevos acuerdos entre la Nación y la Ciudad.

La discusión, por lo tanto, ya no gira únicamente alrededor de si Buenos Aires es autónoma. El texto constitucional nacional y la Constitución porteña establecieron ese principio. El interrogante que permanece abierto es hasta dónde llega esa autonomía y qué competencias deben ejercer definitivamente las instituciones locales.

A 30 años de aquel 1° de octubre de 1996, Buenos Aires tiene una arquitectura institucional propia que forma parte de la vida cotidiana de sus habitantes. Pero la construcción de la autonomía continúa siendo un proceso en desarrollo: una historia que comenzó con una reforma constitucional, tomó forma en una Convención Constituyente y todavía encuentra en la Justicia, el transporte, la seguridad, el territorio y la relación con el Estado nacional algunos de sus capítulos pendientes.