En varios países del mundo, se están llevando a cabo intentos por reducir o incluso anular cierto grado de independencia de uno de los poderes del estado republicano. Esto se hace con la intención de lograr una convivencia equitativa donde los derechos de los ciudadanos estén protegidos y sean equitativos. Sin embargo, estos intentos pueden poner en peligro la estabilidad de una sociedad, ya que el poder judicial es uno de los pilares fundamentales de la democracia.
La reciente actuación del poder judicial en los Estados Unidos en relación al procesamiento de Donald Trump demuestra la importancia de la independencia judicial en una sociedad. La investigación llevada a cabo en Brasil sobre el intento de toma del palacio presidencial es otro ejemplo de ello. En ambos casos, el papel de las instituciones y de las fuerzas de seguridad fue fundamental para garantizar la estabilidad y la seguridad del país.
Por otro lado, en Israel, el gobierno de derecha está tratando de limitar el poder del poder judicial con el fin de evitar investigaciones sobre las acusaciones de corrupción contra su primer ministro, Benjamin Netanyahu. Además, esta medida también apunta a permitir la expansión de los territorios ocupados hacia el resto de Cisjordania, como parte de un acuerdo con partidos religiosos y de ultraderecha liderados por Naftali Bennett. Aunque la Suprema Corte de Israel goza de cierta autonomía, que hoy está en manos de la izquierda, lo que significa que el primer ministro no tiene control sobre ella y se han producido protestas recientes en el país. Es importante destacar que la composición actual de la corte es el resultado de un juego libre dentro del sistema democrático.
En conclusión, la independencia del poder judicial es crucial para garantizar una sociedad estable y justa, donde los derechos de los ciudadanos estén protegidos y sean equitativos. Cualquier intento de limitar el poder judicial debe ser visto como una amenaza a la estabilidad y la democracia de un país.
El presidente turco, Tayyip Erdogan, se enfrenta a la posibilidad de perder su mandato en las próximas elecciones. Su oponente, Kemal Kilicdaroglu, tiene una gran oportunidad de ganar, ya que la gestión del gobierno turco ha sido desastrosa. El reciente terremoto dejó 50.000 muertos, la economía se encuentra sin rumbo y la inflación está fuera de control. A pesar de que Erdogan reprimió violentamente un levantamiento popular hace años, parece estar perdiendo fuerza y no logra ocultar la mala gestión de su gobierno.
El “Lawfare”, término utilizado tanto por Cristina Kirchner como por Donald Trump para referirse a la supuesta manipulación de la justicia en su contra, parece estar perdiendo credibilidad entre aquellos con un mínimo de criterio. Incluso sus oponentes ideológicos coinciden en que ambos han cometido delitos flagrantes. Actualmente, el 72% de la población mundial vive bajo algún tipo de régimen autocrático. Según V-Dem, una organización que mide la calidad democrática en el mundo, los avances realizados en los últimos 35 años en materia de democracia han sido eliminados. Solo diez países han protagonizado procesos de democratización, y la capacidad de la justicia para actuar de manera independiente ha sido fundamental en ello.
Hungría, Bielorrusia, Rusia, Polonia, Nicaragua, Venezuela y Polonia son algunos ejemplos de países donde la justicia ha sido capturada por el poder ejecutivo con el objetivo de ignorar las leyes y los derechos y libertades de los ciudadanos, incluyendo la libertad de información y pensamiento crítico. La guerra es una acción arcaica e innecesaria en este siglo, donde las libertades son más importantes que nunca y están siendo constantemente amenazadas. La reciente invasión de Rusia a Ucrania es un ejemplo de cómo cualquier expresión disidente es castigada con la cárcel y los medios de comunicación están al servicio de la guerra en lugar de la verdad.
La justicia es uno de los tres poderes fundamentales en un estado democrático, como bien nos enseñó Montesquieu. Este poder es esencial porque actúa como contrapeso a los otros dos poderes, y debe desarrollarse con independencia para que cumpla su función de manera adecuada. Los legisladores son los encargados de crear nuevas leyes para actualizar y ampliar los derechos de la sociedad, mientras que el poder ejecutivo es el encargado de llevar a cabo estas políticas públicas dentro del marco legal establecido. Los gobernantes, quienes reciben el mandato del pueblo, administran el poder con discreción y ética.
El poder judicial, por su parte, es el encargado de administrar la justicia y controlar que la ley no sea violada por el poder. Es fundamental para establecer límites y evitar que el poder se convierta en una autocracia, tal como se puede ver en algunos países donde el poder judicial está subordinado al poder ejecutivo. Si alguien comete un delito, la ley debe ser aplicada para ordenar o castigar a quienes lo cometieron.
Cuando un gobernante comienza a querer subordinar uno de los poderes, como ocurre hoy en nuestro país, es porque algo no está bien. La justicia debe ser independiente y estar al servicio de la sociedad para garantizar que los derechos y libertades de los ciudadanos sean respetados y protegidos. Solo así podremos vivir en un estado democrático justo y equitativo, porque como lo que dijo William Shakespeare en boca de Hamlet: “Algo huele mal en Dinamarca”.
Osvaldo Gonzalez Iglesias – Editor
