Convocadas las sesiones extraordinarias del Congreso, en los próximos días comenzará a sesionar en la Cámara de Diputados la Comisión que tratará el pedido del oficialismo de juicio político de los jueces de la Corte Suprema por “mal desempeño”. La Comisión cuenta con mayoría del Frente de Todos por lo que se descuenta que podrá avanzar en todas las instancias que implique ese órgano. La Cámara Baja actúa como acusadora ante el Senado, que juzga.
La Comisión tiene la función de realizar la investigación del caso y al final emitir un dictamen acusatorio que deberá ser convalidado por el pleno de diputados en el recinto. Como están las cosas hoy, con un fuerte enfrentamiento entre oficialismo y oposición que, por ejemplo, impidió que se pudieran realizar las 2 últimas sesiones, parece poco probable que los impulsores del jury contra Horacio Rosatti y los otros 3 ministros del máximo tribunal consigan los 2 tercios de los presentes para sostener la acusación.
Por eso, los objetivos estarían mutando. A sabiendas desde el principio de que le resulta casi imposible conseguir esa mayoría agravada, en el FdT contaban con por lo menos someter a un fuerte desgaste a los integrantes de la Corte, incluso tal vez conseguir una renuncia durante el proceso, como había ocurrido con 3 de los 5 ministros que fueron juzgados a partir del impulso de Néstor Kirchner en 2003.
“Está claro que el propósito del Frente de Todos es desprestigiar a la Corte Suprema y hacerla aparecer ante la sociedad como la perversa de la película, haciéndola responsable de todos los males. Pero no descarto que, además, esté pensando en lograr alguna renuncia en la Corte, como en su momento lo intentaron con el juez (Carlos) Fayt: no tenían ninguna posibilidad de destituirlo, lo que buscaban era desgastarlo para que renunciara. Y no lo lograron”, le dijo el diputado del PRO Pablo Tonelli al diario La Nación.
Pero el intento de juicio político también podría operar como moneda de cambio para otros objetivos de la agenda judicial del Gobierno. El temario de sesiones extraordinarias que se publicó en el Boletín Oficial incluye un proyecto de ampliación de los miembros del máximo tribunal de Justicia del país. Se trata de una iniciativa de gobernadores peronistas -algunos más que los que firmaron el pedido de enjuiciamiento- y que ya tiene media sanción del Senado, pero nunca avanzó en Diputados por la cerrazón de Juntos por el Cambio.
Según publicó este lunes el diario Ámbito Financiero, entre los gobernadores comienzan a ver la ampliación no sólo como probable “éxito de mínima” en un escenario donde los 2 tercios parece inalcanzables, sino además como “vía de escape” para una eventual crisis institucional derivada del jury.
Así lo relató el periodista Gabriel Morini en el citado diario:
“El llamado a extraordinarias contiene una gran dosis de agenda judicial. Pero dentro de esa agenda, resucita un proyecto que tiene sanción del Senado y que es la ampliación de la Corte Suprema no ya al excéntrico número de 25, sino a 15 miembros, lo que triplicaría al actual. Lanzado como una piedra al agua en su momento, para algunos gobernadores comienza a ser un éxito de mínima que pueda discutirse como resultado del proceso de esmerilamiento de la comisión. Tres mandatarios provinciales, dos que no firmaron el documento y uno que sí, consultados por Ámbito, proyectaron que el proyecto de ampliación podría convertirse en una vía de escape medianamente aceptable si la tensión institucional que se va a vivir alcanza niveles de alarma. Como todo, es de pizarrón y requeriría que la comisión tuviera cierto éxito en lograr su cometido de comprobar irregularidades en el tratamiento de los expedientes en el máximo Tribunal pero pusiera proa no tanto al objetivo de destituir a los jueces, sino en la necesidad de modificar el funcionamiento del tribunal. “.
Es probable que a esta realidad se haya ajustado la presidente de la Comisión de Juicio Político, la entrerriana Carolina Gaillard, quien evitó afirmar que el objetivo del proceso es la destitución de los ministros de la Corte.
Ante la pregunta de eldiarioar.com respecto a cuál era “el objetivo final” de la avanzada, la diputada respondió:
“El objetivo es iniciar un juicio político a partir del conocimiento público de muchísimas irregularidades. A partir de eso se va a investigar. Nosotros vamos a producir la mayor cantidad de prueba posible para fundar, o desestimar, la acusación en el dictamen final de la comisión. Si se avanza y formula un dictamen de acusación, será tratado en el pleno o no. Sino tendrá vigencia de tres años y ser tratado en el momento oportuno. A nosotros, la dirigencia política, nos genera asombro y estupor el escándalo que involucra a los miembros de la Corte, y las instituciones están para funcionar y la Constitución estableció la herramienta del juicio político cuando se configura el mal de desempeño. La cámara de diputado tiene que acusar, el rol de fiscal”.
Fuente: Urgente 24, Argentina.
