Cristina Fernández de Kirchner fue sentenciada a seis años de prisión e inhabilitada de ejercer cargos públicos por desviar contratos de obras públicas a un amigo de la familia.
Por Natalie Alcoba y Ana Lankes
BUENOS AIRES— El martes, Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta y titán político en Argentina, ha sido hallada culpable, sentenciada a seis años en prisión e inhabilitada para ejercer cargos públicos por un esquema de fraude que dirigió contratos de obras públicas de vialidad a un amigo de la familia cuando era primera dama y presidenta.
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El veredicto fue un golpe importante para Fernández, la actual vicepresidenta y una figura profundamente divisiva que ha contribuido a dividir a Argentina entre quienes la apoyan a ella y a su movimiento de izquierda, el kirchnerismo, y quienes dicen que ha ayudado a arruinar a un país que, sin importar del gobierno en turno, ha tenido dificultades con la alta inflación, la pobreza y el fracaso de las políticas económicas.
La sentencia de seis años fue menor a los 12 que buscaban los fiscales. No obstante, ni la sentencia ni la inhabilitación proceden hasta agotar todas las apelaciones de las que dispone Fernández. Lo más probable es que el caso sea admitido por la Corte Suprema de Justicia de Argentina.
Hasta entonces, Fernández puede seguir ocupando su cargo.
Tras el veredicto, Fernández de Kirchner anunció, furiosa, que abandonaría la política luego de que su actual mandato como vicepresidenta concluya a finales del próximo año.
“No voy a ser candidata a nada”, dijo en un mensaje de una hora en video desde su despacho en el Congreso, donde también es senadora. “Ni a presidenta ni a senadora, mi nombre no va a estar en ninguna boleta”.
Sin una curul, Fernández perdería el fuero que evita que la arresten, algo que dejó en claro. “Que me metan presa”, dijo.
“Esto es un Estado paralelo y una mafia judicial”, añadió.
En Buenos Aires, la capital, un panel de tres jueces anunció el veredicto en una emisión abierta luego de un juicio de tres años en el que a Fernández de Kirchner se le acusó de dirigir cientos de millones de dólares de contratos financiados por los contribuyentes a un socio de negocios a fin de construir carreteras en Patagonia, en la parte austral de Sudamérica.
El panel no la halló culpable de un segundo cargo de liderar una “asociación ilícita” que supervisó el esquema de sobornos.
El fallo indicaba que el panel tenía la “certeza” de que se llevó a cabo “una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional”.
Fernández de Kirchner ha pasado 30 años en el ojo público, como primera dama, presidenta y actualmente como senadora y vicepresidenta. En este tiempo ha sido investigada por más de una decena de cargos, la mayoría de ellos relacionados con corrupción, aunque cuatro casos han sido desechados y en otros dos ha sido absuelta. Esta era la primera investigación que había llegado a juicio.
Las encuestas que miden la aprobación de los posibles candidatos presidenciales hace poco la situaban con un 29 por ciento de apoyo entre los votantes. El veredicto del martes podría intensificar los desafíos que ya enfrenta para apelar a un público más amplio previo a las elecciones presidenciales del próximo año, según los analistas.
Pero también avivó a su base de seguidores, miles de los cuales acudieron el martes a la ciudad capital.
Otras 12 personas también fueron acusadas en el caso de corrupción, entre ellas Lázaro Báez, el asociado de Fernández que recibió los contratos de obras viales, y dos exministros del gobierno kirchnerista que han sido condenados en otros casos de corrupción.
Báez fue declarado culpable de fraude y condenado a seis años de prisión. Ya estaba cumpliendo una condena de 12 años por lavado de dinero en un caso distinto. José López, exsecretario de obras públicas, también fue condenado a seis años de prisión por estafa e inhabilitación para ejercer cargos públicos
La división en torno a Fernández en la villa patagónica de El Chaltén, donde se suponía que los 1700 habitantes debían beneficiarse de los proyectos de carreteras sin concluir vinculados al caso contra Fernández de Kirchner.
Antes de anunciarse la condena, Dante Ardenghi, un médico de la localidad de 65 años, comentó que considera que los medios y la oposición fabricaron o exageraron las acusaciones en contra de Fernández de Kirchner para perjudicar a su movimiento político.
Lo que ellos creen realmente, dijo, es que los presidentes de izquierda “no tendrían que existir en América del Sur”.
Pero Luis Ledesma, profesor suplente de secundaria de 59 años, dijo que considera que los Kirchner eran corruptos.
“Todos lo que estaban cerca del entorno, todo quien se acercaba o se aliaba al entorno de esta gente, era que en muy poco tiempo había una cuestión de prosperidad”, dijo. “Hablamos de secretarios, choferes”.
El esquema de sobornos del que se ha hallado culpable a Fernández de Kirchner, ocurrió en la provincia de Santa Cruz durante los 12 años que los Kirchner gobernaron: el fallecido esposo de ella, Néstor Kirchner, ocupó la presidencia de 2003 a 2007 y ella de 2007 a 2015.
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Santa Cruz siempre ha sido su bastión político. Néstor Kirchner nació en la capital, Río Gallegos, y fue gobernador de la provincia entre 1991 y 2003. Su hermana, Alicia Kirchner, es la actual gobernadora.
El enfoque del juicio contra Fernández de Kirchner ha sido en gran medida 51 contratos de carreteras que fueron adjudicados a empresas vinculadas a Báez, quien pasó de ser un empleado bancario en Santa Cruz a fundar una empresa constructora en los días previos a que Néstor Kirchner se convirtiera en presidente en 2003. La fiscalía dijo que de 2003 a 2015 el supuesto esquema defraudó al Estado argentino por más de 5000 millones de pesos, unos 926 millones de dólares, según las autoridades.
Los contratos a menudo se adjudicaron con precios inflados, se excedieron del presupuesto o recibieron consideraciones especiales, según la fiscalía. Casi la mitad de los proyectos carreteros no llegaron a completarse.
“Se trató de actos de corrupción sistemáticos promovidos y mantenidos por los máximos responsables políticos del país”, dijo Diego Luciani, fiscal principal, durante en su alegato final este año.
Las pruebas presentadas durante el juicio incluían mensajes de WhatsApp entre López, el exsecretario de obras públicas, Báez y el presidente de una de sus empresas constructoras.
La fiscalía argumentó que los mensajes revelaron un plan para esconder pruebas en los últimos días de la gestión de Fernández de Kirchner en 2015, al otorgar los últimos pagos de contratos a Báez, despedir a sus empleados y abandonar los proyectos carreteros.
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Algunos de los mensajes incluían referencias a “la señora” que tenía que “tomar decisiones”. La fiscalía argumentó que “la señora” era una referencia Cristina Fernández de Kirchner, a pesar de que nunca se le mencionó por nombre.
La vicepresidenta ha enfrentado otras batallas legales y ha surgido victoriosa de algunas de ellas.
El año pasado, una corte desestimó las acusaciones de que había conspirado para encubrir el supuesto papel de Irán en el ataque de 1994 a un centro comunitario judío en Buenos Aires en el que murieron 85 personas. Las acusaciones contra Cristina Fernández de Kirchner las presentó por primera vez en 2015 el fiscal Alberto Nisman, quien días después fue hallado muerto con una herida de bala en su departamento.
Su muerte nunca se resolvió y desde entonces el evento ha sido motivo de una ferviente especulación y rencillas políticas.
Otro caso distinto que la acusaba de defraudar al gobierno en el mercado de futuros de dólares fue desestimado el año pasado.
Ana Lankes reportó desde El Chaltén, Argentina, y Natalie Alcoba desde Buenos Aires.
Fuente: The New York Times. EEUU
