El tiempo pasa muy rápidamente y lo que parecería muy lejano hace casi 30 años cuando se otorgaban las concesiones hidroeléctricas hoy vemos que están llegando a su fin, en 2023 vencen algunos contratos y por lo tanto varias centrales hidroeléctricas deberán volver a manos del Estado.
Lamentablemente estamos instalando, al mejor estilo argentino, una falsa discusión en torno a quien le corresponde renovar las concesiones hidroeléctricas (Estado Nacional o Estados Provinciales)?
Alrededor de este tema se está abriendo una nueva grieta generada por algunos actores muy renuentes al diálogo, a la concertación y muy poco preocupados por los apagones, por la falta de inversión, por la inexistencia de control y por mejorar aquellos aspectos que se pueden optimizar del Sistema Argentino de Interconexión. Es más fácil reducir el debate a consignas antagónicas pretendiendo convencer a la gente de que solo pueden involucrarse desde ese lugar ¿o se está con el centralismo o se está con el federalismo?.
Los cuestionadores del centralismo y defensores implacables de los derechos de las provincias solo se aferran a una parte de la Constitución Nacional, el Art. 124º que dice: “Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”). Esto no sería un problema si no minimizaran al mismo tiempo lo que aporta el resto del país como mercado consumidor de energía eléctrica y para lo cual el Estado Nacional concertó con las provincias la creación de un sistema de generación, transporte y distribución eléctrica que también está amparado en otra parte de la Ley Magna (“las provincias delegan la legislación sobre esos recursos en la Nación, en el Congreso nacional, por el artículo 75 inciso 12”).
Así se creó el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) ex Sistema Interconectado Nacional (SIN), el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA) y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), todos instrumentos que, por lo menos en el plano teórico, deberían permitirle al país producir, controlar y comercializar la energía eléctrica a precios accesibles para la población y competitivos para la agricultura, la industria, el comercio, el turismo y los servicios en general.
Por otra parte hablamos mucho del recurso pero nada decimos sobre las inversiones que lo potenciaron y pusieron en valor, como tampoco nada decimos que las represas hidroeléctricas se terminaron de financiar con el aporte de todos los consumidores del país (Art. 2º de la ley 17.554/67).
Los cuestionadores del chauvinismo provincial se aferran al concepto de que el País es un todo y por lo tanto corresponde al Estado Nacional entender y actuar de manera exclusiva en la renovación de las concesiones ignorando que las provincias de Neuquén y Río Negro tienen el derecho a percibir una retribución económica por aportar el recurso del que tienen su dominio originario.
Son las provincias de Neuquén y Río Negro a quienes les corresponde percibir el canon de la nueva concesión (derecho de renovación) que se vaya a establecer para los nuevos contratos de las centrales El Chocón, Piedra del Águila, Alicura, y Arroyito.
En este sentido debemos aclarar que cuando hablamos de canon (derecho de renovación), no estamos excluyendo a las inversiones que deberán realizarse y que formarán parte de los nuevos pliegos de concesión, especialmente de aquellas inversiones que deben realizarse para mantener las represas en actividad, para poder ampliarlas de ser posible, para incorporar nuevas turbinas en particular aquellas que hayan cumplido su vida útil, para crear nuevos fondos que le permitan al país construir otras represas como el caso de Chihuidos I y II que desde hace muchísimos años siguen pendientes de conseguir financiamiento.
Debemos preguntarnos entonces ¿tiene la Nación el derecho de acordar con los nuevos concesionarios cual debe ser el monto del canon de renovación correspondiente a las represas sobre el río Limay sin el acuerdo de las Provincias de Neuquén y Río Negro?
La respuesta es contundente: Claro que nó.
Es por esta razón que es imprescindible transparentar todo el proceso de renovación de las concesiones hidroeléctricas desde ahora y la única manera de hacerlo es creando un ámbito de trabajo conjunto entre la Nación y las Provincias. No es bueno que el Secretario de Energía de la Nación Darío Martínez pueda creerse dueño de las represas y vaya tomando decisiones y realizando tareas en relación a la renovación de estas concesiones hidroeléctricas encerrándolas en escritorios burocráticos bajo siete llaves.
Lo que ya se pueda estar hablando con los actuales concesionarios, como con los posibles nuevos actores interesados debe tener la plena participación de las Provincias involucradas, sobre todo en este nuestro querido país donde muchos presumen que pudiera existir una caja política y que esto pudiera ser otra parte importante de otra grieta para avanzar en la renovación de las concesiones hidroeléctricas.
Para alejar malos pensamientos sobre la posibilidad de que acontezcan malas prácticas en la renovación de los contratos de las concesiones hidroeléctricas es necesario institucionalizar con la mayor premura posible un ámbito de trabajo y de concertación entre la Nación y las Provincias de Neuquén y Río Negro. Este es otro camino a recorrer si se quiere realizar con total transparencia la tarea de revertir y renovar las concesiones hidroeléctricas en el 2023.
Nuevos contratos de concesión para un mejor funcionamiento del sistema eléctrico y para maximizar aquellos beneficios económicos que se puedan obtener para nuestras Provincias, para la Nación en su conjunto y para el futuro del país.
Daniel Baum – DNI 7.687.825 – Diputado Provincial (mc), Diputado Nacional (mc), Senador Nacional (mc) y Convencional Nacional Constituyente (1994).-
