“El último grado de perversidad es hacer servir las leyes para la injusticia” Voltaire
En el marco del debate para generar consejos consultivos en las diversas regiones del país,
previos a la generación del proyecto de ley que modifique la actual legislación para personas
con discapacidad, donde intentare evidenciar algunas advertencias para lograr el efectivo
cumplimiento.
Si bien considero que era menester avanzar en los postulados de la Convención de las
Personas con Discapacidad (ONU), adherida desde el estado nacional con fuerza de ley en el
2008, desde una mirada transversal teniendo a los colectivos de personas con discapacidad
como participantes activos de la misma, existen un conjunto de obstáculos para lograr el
efectivo cumplimiento, para ello no solo desde el tratado sobre tablas sino en el propio debate
de las comisiones bicamerales debe estar explicito los mecanismos de asignación
presupuestaria para las políticas públicas y para el funcionamiento de los diversos dispositivos,
prestaciones del sector privado, tanto en el ámbito educativo, judicial, laboral, sanitario y
sociocomunitario.
Dejar atrás el modelo medico-rehabilitador y poner el modelo social es un
ejercicio activo de reasignación presupuestaria y formación de equipos profesionales,
administrativos desde una cultura inclusiva.
La integración a una sociedad discapacitante solo resultaron procesos de reproducción social
de la discapacidad, profundizando muchas veces las condiciones de desarrollo para dicha
población, esto también se evidencia en el sistema judicial, con la figura del curador,
dotándolo de potestades que muchas veces vulneran las decisiones y la autonomía de las
personas con discapacidad por ejemplo en la potestad sobre sus bienes. Por eso considero que
el sistema de apoyo fue un avance en la materia.
Para ello la presente ley tiene que generar una nueva conciencia colectiva en torno a las
personas con discapacidad, como mensajes publicitarios en los medios de comunicación, en las
aplicaciones de internet masivas que penetren en todas las franjas etarias, estos aspectos
simbólicos, tienen que correlacionarse con las reglamentaciones, políticas interministeriales y
con los referentes más relevantes del tercer sector integrados por personas con discapacidad,
rompiendo el rotulo de “discapacitados” o “capacidades diferentes”; categorías hereditarias
del modelo rehabilitador. La gobernanza en conjunto entre el accionar estatal (entre los tres
poderes) y las propuestas ejecutivas del tercer sector es clave para la efectividad de la
presente ley.Desde las políticas educativas se debe priorizar el espacio áulico mediante articulaciones más
efectivas entre niños con y sin discapacidad, para ello se debe capacitar a todos los integrantes
del sistema educativo, sensibilizando a los familiares de toda la comunidad educativa. Lograr
el diseño universal es tener en cuenta el estado de situación, los obstáculos comunicacionales,
físicos y simbólicos para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad en
general y específicamente del nivel socio económico más bajo.
Otro capítulo refiere a la dimensión sanitaria donde existen un conjunto de prácticas y
creencias más arraigadas del modelo asistencial, desde la conformación de las juntas
evaluadoras hasta los procesos de rehabilitación social deben estar compuestos por equipos
trans e interdisciplinario no solo por profesionales de la salud sino incorporando miradas
socio/psicológicas, que permitan abordar la discapacidad desde un abordaje integral
Por último si bien se avanzo en la dimensión de la empleabilidad, con el cupo del 4% bajo la
Ley 22.431, muy pocas empresas y en escasos organismos públicos se implementa por ende se
deben crear organismos en cada uno de los niveles estatales orientados al monitoreo e
inspección permanente en ambos sectores (publico/privado de grandes y medianas empresas)
para el efectivo cumplimiento del mismo.
Estas ideas son solo algunos disparadores que permiten poner en debate aspectos de la vida
cotidiana de las personas con discapacidad donde se vulneran sus derechos, lograr tal
cumplimiento es un deber moral y político, para evitar la reproducción social de la
discapacidad y evitando que la nueva legislación sea una letra muerta e imposible de
reglamentar en cada una de las provincias de nuestro país.
Gonzalo Gonzalez – Sociologo,
Director Consultora ConPerspectiva
