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El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, comenzó a impulsar la adhesión de la provincia al RIGI, en medio de un escenario económico complejo marcado por la fuerte caída del empleo industrial y el deterioro de las cuentas públicas provinciales.
La decisión representa un giro político significativo. Meses atrás, el mandatario fueguino mantenía una postura crítica frente al régimen promovido por el Gobierno nacional y rechazaba incorporar a la provincia al esquema de incentivos para grandes inversiones. Sin embargo, el impacto de la retracción económica sobre el entramado productivo local —especialmente sobre el régimen de promoción industrial— llevó a la administración provincial a reconsiderar su posición.
Ahora, el Ejecutivo busca atraer inversiones en sectores estratégicos como petróleo y gas, energía, industria forestal, acuicultura y turismo, con el objetivo de diversificar la economía fueguina y frenar la pérdida de puestos de trabajo.
“Al principio estaba opuesto al RIGI, pero después lo fuimos analizando, trabajando y consultando con especialistas. Terminamos convencidos de que puede ser positivo, y además muchas empresas lo estaban reclamando”, explicó Melella durante la inauguración del parque eólico desarrollado por la francesa TotalEnergies en Río Cullen, a unos 130 kilómetros de Río Grande. El gobernador señaló además que recibió asesoramiento de los economistas Martín Redrado y Miguel Peirano.
La discusión sobre la adhesión provincial al RIGI ya ingresó en la Legislatura fueguina. El proyecto comenzó a tratarse en comisión la semana pasada y podría debatirse en el recinto en las próximas horas. La iniciativa fue presentada por el bloque de La Libertad Avanza, aunque el oficialismo provincial adelantó su respaldo.
“Nuestro bloque acompaña plenamente”, afirmó Melella.
El contexto político tampoco resulta sencillo para el gobernador. En las últimas semanas se profundizó su ruptura con La Cámpora, sector con el que mantenía una alianza dentro del peronismo provincial. Uno de los episodios que tensó definitivamente la relación fue la derogación de la ley que impulsaba una reforma de la Constitución fueguina.
Mientras tanto, la situación económica provincial continúa deteriorándose. Según datos oficiales, el régimen de promoción industrial perdió cerca del 45% de su planta laboral como consecuencia de la apertura importadora, la caída del consumo y la retracción de la actividad manufacturera.
Aunque la industria electrónica sigue siendo el núcleo del esquema promocional, otros sectores históricos, como el textil y el plástico, atraviesan una crisis aún más severa. En el rubro textil, por ejemplo, de las diez empresas que integraban el régimen especial solo permanecen activas dos. En las plantas electrónicas, en cambio, no se registraron despidos masivos, pero sí una reducción progresiva del personal mediante jubilaciones y contratos no renovados.
De acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Trabajo de la Nación, el empleo formal asalariado en Tierra del Fuego cayó un 9,8% interanual hasta enero de este año. En términos concretos, la provincia perdió alrededor de 3.600 empleos registrados en doce meses y cerca de 5.000 desde el cambio de gobierno nacional.
El impacto resulta especialmente sensible en una provincia cuya estructura laboral depende fuertemente del empleo asalariado formal. Un informe de la consultora Politikón Chaco señala que el conglomerado urbano Ushuaia–Río Grande posee el porcentaje más alto de trabajadores asalariados del país: el 83% de la población ocupada tiene empleo formal, mientras apenas el 13,4% trabaja por cuenta propia.
A este panorama se suma el deterioro de las finanzas provinciales. Según datos elaborados por Politikón sobre información oficial, la provincia pasó de exhibir superávit a mediados de 2024 a registrar un déficit financiero equivalente al 16% de sus ingresos.
Las dificultades fiscales ya habían quedado expuestas hacia finales del año pasado, cuando el gobierno provincial enfrentó problemas para afrontar el pago de aguinaldos y solicitó a las empresas del régimen industrial un adelanto de una tasa provincial, medida con la que logró recaudar unos 2.300 millones de pesos.
