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La intervención de Karina Milei en la estrategia del Gobierno para cubrir las más de 200 vacantes en juzgados federales encendió señales de alerta entre gobernadores que habían comenzado a negociar nombres con el asesor presidencial Santiago Caputo. La incertidumbre creció en las últimas horas luego de una reunión clave con dirigentes de La Libertad Avanza en las provincias y de movimientos internos en el Ministerio de Justicia que alteraron el equilibrio previo.
El tema judicial es una pieza central en la relación entre la Casa Rosada y las provincias. Varios gobernadores habían avanzado en acuerdos informales para impulsar candidatos propios en las ternas surgidas del Consejo de la Magistratura, confiando en que esos entendimientos se consolidarían cuando el presidente Javier Milei enviara los pliegos al Senado. Sin embargo, el nuevo posicionamiento de la secretaria general de la Presidencia abrió interrogantes sobre si esos compromisos seguirán vigentes.
La preocupación se expandió luego de que trascendiera lo ocurrido en un encuentro realizado el martes entre Karina Milei y los presidentes provinciales de La Libertad Avanza. Según uno de los participantes, la funcionaria fue tajante al dar una directiva política: pidió a los dirigentes libertarios que no mantengan ningún tipo de acercamiento con los gobernadores, incluso con aquellos que hasta ahora se mostraban como aliados del oficialismo.
Durante esa misma reunión, la hermana del Presidente buscó transmitir una imagen de coordinación con Santiago Caputo, uno de los principales estrategas del Gobierno. “Santiago, Javier y yo somos uno solo”, sostuvo ante los dirigentes partidarios, y pidió evitar disputas internas entre los espacios libertarios en cada provincia.
El mensaje de unidad, sin embargo, quedó rápidamente bajo sospecha. Menos de 24 horas después de ese encuentro, se produjeron cambios en áreas del Ministerio de Justicia que estaban vinculadas al armado político de Caputo. Entre los movimientos más comentados estuvo la salida de funcionarios ligados a ese sector, lo que fue interpretado como un gesto de reposicionamiento interno dentro del oficialismo.
Ese cambio de escenario generó inquietud entre los gobernadores que venían dialogando con la Casa Rosada por las vacantes judiciales. Algunos de ellos comenzaron a preguntarse si el Presidente respetará los acuerdos preliminares o si el proceso deberá reiniciarse desde cero tras el desembarco del nuevo equipo encabezado por Juan Bautista Mahiques.
Un mandatario provincial que mantiene diálogo con el Gobierno describió la incertidumbre con un ejemplo concreto: en una de las ternas para cubrir una vacante en su distrito ya existía un consenso en torno al primer candidato, aunque el oficialismo había mostrado preferencia por otro nombre. “Ahora la duda es si finalmente van a enviar el pliego del candidato que acordamos”, reconoció.
El mecanismo institucional establece que, una vez que el Consejo de la Magistratura aprueba las ternas, es el Presidente quien debe elegir uno de los postulantes y remitir el pliego al Senado. Allí el trámite pasa por la comisión de Acuerdos antes de ser votado en el recinto.
En varias provincias, incluso en distritos que mantienen una relación política fluida con el Gobierno, el proceso de selección ya estaba avanzado. Tucumán es uno de los casos mencionados en los que se había trabajado intensamente en la definición de nombres para cubrir juzgados federales vacantes.
La intervención de Karina Milei podría modificar esa dinámica. En la Casa Rosada evalúan distintos caminos para avanzar con la renovación del mapa judicial. Uno de ellos consiste en mantener acuerdos con los gobernadores para garantizar respaldo legislativo en el Congreso. Pero también aparece otra opción: explorar negociaciones con sectores del peronismo para destrabar nombramientos clave.
Esa posibilidad se vuelve relevante en el Senado, donde el kirchnerismo conserva capacidad de bloqueo para designaciones de mayor peso institucional, como los ministros de la Corte Suprema o el procurador general de la Nación. Frente a ese escenario, en el oficialismo gana terreno la idea de priorizar primero la cobertura de juzgados federales y dejar para más adelante la discusión sobre esos cargos superiores.
En ese tablero político aparece la figura de la familia Mahiques, con fuerte presencia en el ámbito judicial. Su trayectoria abre canales potenciales de diálogo con distintos sectores del peronismo, lo que alimenta especulaciones sobre un eventual intento de reconstruir puentes con dirigentes cercanos al kirchnerismo.
Desde el entorno del exministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro, señalado como uno de los posibles interlocutores en ese esquema, relativizan esas versiones. Aseguran que no existe un vínculo político operativo con los Mahiques y que, por ahora, el Gobierno no dio señales claras de buscar una negociación con el kirchnerismo.
Mientras tanto, el proceso de designación de jueces federales quedó envuelto en una nueva fase de incertidumbre política. Lo que parecía un camino encaminado a partir de acuerdos con las provincias podría reconfigurarse según la estrategia que finalmente imponga la conducción política del Gobierno.
