En el marco de la investigación por el escándalo del fentanilo contaminado —que ya provocó 76 muertes en el país—, el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, dispuso un allanamiento en la Clínica Vélez Sarsfield, ubicada en la ciudad de Córdoba. La medida busca obtener el historial médico completo de todos los pacientes internados en el establecimiento entre el 1 de abril y el 8 de agosto, luego de que la institución no respondiera de forma completa a los requerimientos judiciales previos.
El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 3 había solicitado la documentación íntegra, pero la clínica solo remitió información de cuatro pacientes —uno de ellos fallecido— que el propio centro identificó como afectados por el fentanilo producido por el laboratorio HLB Pharma. Las dosis en cuestión pertenecían al lote 31202, elaborado el 18 de diciembre de 2024.
Entre los casos investigados, el más grave es el de Giovanni, un bebé nacido por cesárea el 26 de abril que, tras un inicio saludable, sufrió una infección severa luego de recibir una dosis adulterada. Estudios de laboratorio detectaron en el fármaco dos bacterias peligrosas: Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, presentes tanto en las ampollas como en las muestras de hemocultivos.
El director médico de la clínica, Claudio Pereyra Sueldo, declaró que el centro adquirió alrededor de 1.100 ampollas, una cifra sensiblemente menor a las 1.701 que figuran en la documentación oficial en poder del magistrado.
Según los registros judiciales, la clínica habría suministrado 1.696 dosis, mientras que seis permanecerían bajo resguardo, en cumplimiento de la prohibición de uso dictada por la ANMAT. La discrepancia entre las cifras oficiales y las declaraciones del establecimiento ha abierto dos líneas de investigación: que las dosis registradas se aplicaran efectivamente, lo que implicaría un número de víctimas mayor al informado, o que parte del stock no utilizado se hubiera desviado hacia el mercado negro.
El allanamiento busca esclarecer estas irregularidades y determinar con precisión el recorrido de las ampollas del lote contaminado, en un caso que mantiene en vilo a las autoridades sanitarias y judiciales.