Con el avance del calendario electoral, el Gobierno nacional enfrenta crecientes dificultades para sostener su agenda legislativa. La pérdida de iniciativa en el Congreso, sumada a la presión de una oposición envalentonada y a la disconformidad de los gobernadores por la merma de fondos para sus distritos, colocan al presidente Javier Milei ante uno de sus desafíos políticos más complejos desde su llegada a la Casa Rosada.

En este contexto, el mandatario se prepara para ejercer uno de los resortes institucionales más controversiales: el veto presidencial. En los próximos días, Milei vetará tres leyes claves aprobadas por el Congreso: el aumento de las jubilaciones, la extensión de la moratoria previsional y la declaración de la emergencia en discapacidad. Su argumento, ya reiterado en múltiples oportunidades, es que estas medidas amenazan el objetivo central de su gestión: mantener el superávit fiscal.

El uso del veto como herramienta política no es nuevo, pero en este caso se da en un escenario de extrema sensibilidad. Las leyes aprobadas abordan problemáticas de fuerte impacto social y tienen respaldo transversal en ambas cámaras. Vetar estos proyectos implicará para Milei asumir un costo político considerable, especialmente cuando el Gobierno intenta contener el malestar social frente al ajuste y los recortes presupuestarios.

La estrategia del veto y el desafío del Congreso

Para sostener los vetos y evitar que el Congreso insista en las leyes, el oficialismo necesita asegurarse un tercio de los votos en al menos una de las dos cámaras. Pero esa garantía hoy no está dada. A diferencia del año pasado, La Libertad Avanza no cuenta con los «87 héroes» —como denominó Milei a los diputados que respaldaron sus iniciativas clave— y ahora debe negociar con un mapa legislativo más fragmentado y con gobernadores cada vez más enfrentados al Gobierno por la poda de recursos.

Ante este panorama, el Ejecutivo ha comenzado a mover fichas. Según trascendió, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, mantiene contactos reservados con mandatarios provinciales con el objetivo de contener el frente legislativo. La intención es ofrecer algunos gestos —probablemente vinculados a obras públicas o financiamiento— que permitan asegurar el tercio necesario para blindar los vetos presidenciales. Es una estrategia que combina pragmatismo con urgencia, en una carrera contra el calendario político y económico.

Una agenda oficialista desdibujada

El balance legislativo del primer semestre deja un sabor amargo en la Casa Rosada. Si bien durante el período de sesiones extraordinarias el oficialismo logró avanzar con algunas iniciativas de seguridad —como las leyes de reincidencia y reiterancia— y suspendió las PASO, desde el inicio de las sesiones ordinarias en marzo, la maquinaria legislativa libertaria se empantanó.

Ninguna ley propia fue aprobada en este período, los pliegos propuestos para la Corte Suprema fueron rechazados, y la única victoria relativa fue la ratificación del DNU sobre la deuda con el FMI. El Congreso se transformó así en un terreno hostil para el Gobierno, que ve cómo sus proyectos quedan frenados en comisiones o directamente desestimados por una oposición que ha aprendido a coordinar esfuerzos, más allá de sus diferencias internas.

En ese sentido, la sesión del Senado que aprobó el aumento jubilatorio y la emergencia en discapacidad fue un punto de inflexión. La oposición logró imponer su agenda con amplio respaldo de gobernadores de distintas fuerzas políticas, lo que dejó al Gobierno en una posición incómoda. La posibilidad de que el Congreso insista con estos proyectos tras un eventual veto de Milei no puede descartarse, y pone de relieve la debilidad legislativa del oficialismo.

El rol de los gobernadores y la interna del PRO

El papel de los mandatarios provinciales será decisivo. Su influencia en el Congreso, a través de diputados y senadores aliados, puede inclinar la balanza a favor o en contra del Gobierno. Hasta ahora, la falta de envíos automáticos de fondos —como los Aportes del Tesoro Nacional (ATN)— y la reciente disputa por el Impuesto a los Combustibles tensaron la relación. Dos proyectos que buscan atender estos reclamos ya tienen media sanción del Senado y están en manos de comisiones presididas por libertarios en Diputados, lo que anticipa nuevas confrontaciones.

A esto se suma la interna del PRO, un socio clave en la gobernabilidad. La abstención de nueve diputados del PRO —en su mayoría alineados con Mauricio Macri— en la votación del proyecto jubilatorio dejó en evidencia que Milei tampoco puede contar con ese bloque en forma automática. Esta fragmentación complica aún más la aritmética parlamentaria y obliga al oficialismo a redoblar sus esfuerzos de negociación.

Más iniciativas en la cuerda floja

Mientras tanto, la oposición busca avanzar con otros proyectos que incomodan al oficialismo. En Diputados se dictaminaron propuestas como la emergencia en pediatría y el financiamiento universitario, ambas con fuerte respaldo público y político. En paralelo, sigue latente la investigación del caso $LIBRA, que ya motivó la interpelación de Francos y la creación de una comisión investigadora, aunque el oficialismo logró trabar su avance mediante la intervención de Martín Menem, presidente de la Cámara Baja.

Presupuesto 2025: el verdadero termómetro

El gran test legislativo para Milei será el Presupuesto 2025. El presidente gobierna actualmente con un presupuesto prorrogado de 2023 —diseñado por Sergio Massa— y necesita sancionar uno propio para enviar una señal de solidez institucional al FMI y a los mercados. En junio, el Ministerio de Economía envió al Congreso un adelanto del proyecto, que contempla un tipo de cambio oficial de $1.229 a diciembre, una inflación anual del 22,7% y un crecimiento del PBI de 5,5% para el año próximo, tras una caída del 1,7% este año.

Más allá de las proyecciones, el envío del Presupuesto será un termómetro político: mostrará hasta qué punto el Gobierno tiene capacidad de negociación, margen de maniobra y respaldo legislativo para sostener su plan económico en un entorno adverso.

Un Congreso activado y una gobernabilidad en suspenso

Según datos de la organización Directorio Legislativo, entre el 1 de enero y el 30 de junio se presentaron en el Congreso 1.422 proyectos de ley. De ellos, solo 57 lograron dictamen de comisión, 29 obtuvieron media sanción y apenas ocho se convirtieron en ley. Estos números revelan un Congreso activo, pero también un sistema político atravesado por bloqueos y una notoria falta de consensos.

En este escenario, Milei apuesta a sostener el rumbo con un discurso confrontativo, la disciplina del veto y una estrategia de alianzas mínimas. Pero el Congreso parece haber dejado atrás los tiempos de pasividad. La gobernabilidad, como se demuestra una vez más en la historia democrática argentina, no se decreta: se construye, se negocia y se gana voto a voto.