Mientras los reflectores siguen centrados en el ajuste fiscal y la baja sostenida de la inflación, un aspecto crucial del nuevo modelo económico argentino empieza a mostrar signos de alerta: el equilibrio externo. Con un tipo de cambio real (TCR) aún apreciado, un nivel bajo de reservas internacionales y una inversión extranjera directa (IED) que no despega, los riesgos de sostener el actual esquema cambiario sin intervención comienzan a hacerse visibles.
Apenas cuatro meses atrás, el Gobierno desactivaba gran parte del cepo y unificaba el mercado cambiario. La decisión fue celebrada como un acto de pragmatismo económico tras años de rigidez. Sin embargo, la reciente suba del déficit externo —con US$5200 millones en el primer trimestre— prende una luz amarilla. Según estimaciones, ese déficit podría acercarse al 2,5% del PBI en 2025. Aunque lejos de los 5 puntos de 2017-2018, es una señal que no debería ignorarse.
A diferencia de sus vecinos, que sostienen cuentas externas deficitarias gracias a la afluencia sostenida de IED, Argentina exhibe una de las tasas más bajas de inversión extranjera directa de la región. Altos impuestos a la producción, un historial errático de políticas públicas y la sombra de una alternativa electoral fiscalmente irresponsable actúan como freno. En este escenario, mantener un TCR apreciado no sólo desalienta la llegada de capitales productivos, sino que refuerza la vulnerabilidad externa.
La pregunta es: ¿puede el Gobierno intervenir sin comprometer sus objetivos? La respuesta es sí, aunque con matices. La compra de reservas en contextos de tipo de cambio flotante tiene costos —una desinflación más lenta, básicamente— pero los beneficios a mediano plazo son considerables. No sólo sostienen un TCR más competitivo, sino que también contribuyen a reducir el riesgo país, moderar las tasas de interés reales y, sobre todo, blindar la economía frente a choques externos.
Argentina, con reservas equivalentes apenas al 2% del PBI, está lejos del estándar regional: Brasil, Chile, Perú, Paraguay y Uruguay promedian el 20%. Esa brecha no es inocua. La acumulación de reservas no sólo actúa como escudo financiero, también envía señales de estabilidad a los mercados internacionales. Con vencimientos de deuda por más de US$10.000 millones en 2026, cualquier reducción adicional del riesgo país podría marcar la diferencia entre el refinanciamiento y el default.
El ejemplo chileno de los años 80 ilustra bien este dilema. La primera oleada de reformas liberales priorizó el déficit fiscal y la desinflación, pero desatendió el frente externo. El resultado fue una grave crisis. Recién el segundo equipo económico entendió que una economía abierta y liberalizada también necesita administrar su tipo de cambio para evitar desequilibrios. Desde entonces, Chile creció sostenidamente y consolidó su posición como la economía más robusta de Sudamérica.
En ese contexto, la reciente suba del dólar en el mercado local —sumada a la apreciación del real en Brasil— trajo algo de alivio. El Tesoro comenzó a intervenir tímidamente, comprando reservas a través de emisiones de deuda en pesos. Aun así, queda la incógnita: ¿por qué no se aprovecharon los meses de mayor ingreso de divisas, como mayo y junio, para acumular más reservas? La oportunidad puede haber pasado, pero el margen para actuar sigue abierto.
La hoja de ruta es clara: profundizar la apertura comercial, consolidar el equilibrio fiscal y seguir desregulando la economía. Pero sin descuidar el frente externo. La estabilidad macroeconómica no se construye sólo con baja inflación, sino también con un tipo de cambio competitivo, una cuenta corriente equilibrada y un nivel de reservas que inspire confianza. De lo contrario, cualquier sobresalto cambiario podría devolver al país al sendero del populismo, cuya amenaza nunca desaparece del todo.
