El juez federal Sebastián Casanello citó a declaración indagatoria al expresidente Alberto Fernández en el marco de la llamada Causa Seguros, donde se lo investiga por presunta administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública. La audiencia fue fijada para este viernes 4 de julio a las 10 de la mañana en los tribunales de Comodoro Py.

La citación se produce luego de que la Cámara Federal revocara este jueves la inhibición de bienes que afectaba tanto a Fernández como a otras 50 personas físicas y jurídicas implicadas en la causa, entre ellas brokers de seguros, exfuncionarios y empresas del sector.

El exmandatario está acusado de haber dirigido desde la Presidencia un esquema de contratación de seguros para dependencias del Estado que, presuntamente, habría favorecido a una red de intermediarios vinculados a su entorno. En particular, la justicia investiga si hubo direccionamiento de contratos públicos para beneficiar a determinados brokers, como Héctor Martínez Sosa —cuñado de Fabiola Yáñez— y su esposa, María Cantero, histórica secretaria de Fernández.

La causa también involucra al ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, y a firmas como Bachellier, San Ignacio, San Germán, TGG Broker, entre otras. En total, son 51 los imputados que habían quedado bajo inhibición de bienes, medida adoptada en abril por Casanello y apelada por las defensas.

Con un fallo dividido, la Cámara Federal resolvió levantar esas restricciones por mayoría, con los votos de los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, mientras que el camarista Roberto Boico votó en disidencia. El tribunal sostuvo que las medidas cautelares resultaban prematuras ante la ausencia de una resolución concreta sobre la situación procesal de los implicados.

La misma medida ya había sido dispuesta anteriormente por el juez Julián Ercolini, quien instruyó inicialmente el expediente, pero también fue revocada por la Cámara. Al asumir la causa, Casanello volvió a ordenar la inhibición en abril de este año, decisión que ahora queda sin efecto.

Mientras tanto, la investigación avanza con nuevas medidas procesales, y la declaración de Alberto Fernández marcará un punto clave en la definición de su responsabilidad penal en uno de los casos más sensibles de presunta corrupción administrativa durante su mandato.