Informe internacional denuncia un modelo de poder feudal en provincias del norte argentino vinculado al crimen organizado y la captura institucional

Con la participación de expresidentes latinoamericanos, académicos, juristas y referentes de la sociedad civil, se presentó en Buenos Aires el informe “Argentina Feudal: cómo los caudillos provinciales socavan la democracia y el Estado de derecho”. Elaborado por el periodista y consultor internacional Douglas Farah, el estudio sostiene que en provincias como Formosa, Chaco, Santiago del Estero y Catamarca opera un sistema de poder concentrado, opaco y sostenido por la dependencia del Estado, con serias consecuencias institucionales y sociales.

La presentación tuvo lugar en el auditorio de la Universidad Austral y fue organizada por el Interamerican Institute for Democracy, en conjunto con Infobae y el Latin American and Caribbean Center de la Florida International University. El encuentro reunió a especialistas en política, derecho y seguridad regional.

Farah, experto en seguridad y crimen transnacional, explicó que el objetivo del informe es poner en evidencia cómo ciertas estructuras de poder subnacionales en Argentina se integran en un fenómeno regional más amplio. “Muchos académicos argentinos han hablado de provincias feudales. Lo que hicimos fue ubicar esta realidad dentro de un contexto más vasto, marcado por el avance del crimen organizado y la fragilidad institucional”, señaló.

Del clientelismo al crimen transnacional

Farah sostuvo que América Latina atraviesa un momento bisagra, en el que la principal disputa ya no es entre izquierda y derecha, sino entre democracia o autoritarismo pragmático. “Lo que vemos en líderes como Maduro u Ortega no es una ideología, sino una vocación de permanencia. Lo mismo sucede con los caudillos argentinos. Su única doctrina es el poder”.

El informe se enmarca en lo que Farah denomina la “cuarta ola del crimen organizado transnacional”: una fase de diversificación, globalización e hibridación del delito. Las organizaciones criminales ya no se limitan a la droga, sino que operan en tráfico de personas, contrabando, armas, lavado de activos, criptomonedas y corrupción estatal. En este escenario, según el autor, ciertas provincias del norte argentino “ofrecen condiciones ideales”: control territorial unipersonal, pobreza estructural, alta dependencia estatal y fronteras porosas.

Formosa: el feudo consolidado

El caso de Formosa ocupa un lugar destacado en el estudio. Allí, el gobernador Gildo Insfrán ejerce el poder sin alternancia desde 1995. Farah lo describe como “el ejemplo más acabado de feudalismo moderno en América Latina”, con control total sobre el poder judicial, la economía provincial, la fuerza policial y los medios de comunicación.

“En Formosa, más del 90% del presupuesto proviene del gobierno nacional y casi el 70% de los trabajadores están empleados por el Estado. Esto permite al poder político condicionar el acceso a derechos básicos y ejercer coerción institucional”, indica el informe.

Además, denuncia la existencia de redes de narcotráfico, trata de personas y tráfico ilegal de armas con mínima intervención estatal, gracias a una frontera “altamente porosa” con Paraguay.

Chaco: crimen, poder político y violencia de género

El estudio también aborda el caso de Chaco, gobernada alternadamente por Jorge Capitanich. Según el informe, su gestión se apoyó en una red clientelar vinculada a movimientos sociales con acceso a fondos públicos y tolerancia política. La desaparición y asesinato de Cecilia Strzyzowski en 2023 —ligada al entorno íntimo del gobernador— reveló, según Farah, “la profundidad de los vínculos entre poder político, crimen y sistema judicial”.

Asimismo, el informe identifica a Chaco como un nodo clave del narcotráfico con presencia de pistas clandestinas y puertos fluviales utilizados para actividades ilegales.

Santiago del Estero: concentración familiar y despojo territorial

Santiago del Estero, administrada desde hace casi dos décadas por Gerardo Zamora y su esposa Claudia Ledesma Abdala, presenta un esquema que el informe define como “monarquía con apoyo nacional”. Se documentaron más de 300 casos de apropiación violenta de tierras rurales con participación de funcionarios judiciales y policiales.

Farah destaca la existencia de megaproyectos de infraestructura —estadios, aeropuertos, centros culturales— como instrumentos propagandísticos, financiados con fondos nacionales y sin relación con las necesidades sociales de una provincia con elevados índices de pobreza.

La Ruta Nacional 34, que atraviesa la provincia, es señalada como uno de los principales corredores del narcotráfico en el país.

Catamarca: litio, poder familiar y debilidad institucional

En Catamarca, el informe pone el foco en el control ejercido históricamente por los clanes políticos Saadi, Corpacci y Jalil. Aunque considera que la captura institucional aún no está consolidada al nivel de las otras provincias analizadas, advierte signos preocupantes.

Más del 50% del empleo formal depende del Estado provincial, mientras que el acceso a cargos públicos, justicia y concesiones mineras —especialmente en la explotación de litio— está fuertemente condicionado por vínculos partidarios.

“El acceso a licencias de explotación se maneja con opacidad, lo que genera un caldo de cultivo para la corrupción estructural y el ingreso del crimen organizado en la cadena de valor del litio”, indica el estudio.

Una amenaza a la democracia que trasciende lo local

Farah advirtió que estas estructuras subnacionales no pueden ser leídas únicamente como problemas locales. “El crimen organizado no necesita controlar países enteros: le basta con controlar nodos. En Argentina, esos nodos son provincias donde el riesgo de operar es nulo. El virus ya está dentro del sistema”, alertó.

La investigación fue elaborada por IBI Consultants y contó con la participación de Pablo Zeballos, Kathryn Babineau, Carolina Duque y Ricardo Ferrer Picado, entre otros especialistas.

Durante la presentación, Carlos Ruckauf, exvicepresidente argentino, y académicos como Gabriela Hoberman, Alfonso Santiago y Carlos Gervasoni coincidieron en que el informe pone en evidencia una dimensión del deterioro institucional que muchas veces es ignorada por el análisis político nacional.

El evento fue moderado por Laureano Pérez Izquierdo, director de Infobae América, y concluyó con una advertencia: “Cuando el Estado se retira, alguien lo reemplaza. Y si no se actúa con rapidez, lo que hoy es disfunción, mañana será colapso”.