Mientras el debate global sobre el futuro de la energía se intensifica, con los desafíos del cambio climático y la transición energética en el centro de la agenda, la energía nuclear vuelve a ocupar un lugar estratégico. Su capacidad para generar electricidad a gran escala con bajas emisiones de carbono la ha reposicionado como una alternativa viable frente a los combustibles fósiles. En este contexto, el rol de los organismos que regulan su desarrollo y expansión adquiere una relevancia central. Pero, ¿qué es y cómo funciona la comisión que regula la expansión de la energía atómica?

Un organismo clave: qué es la Comisión Reguladora de Energía Nuclear

En cada país con desarrollo atómico, existe una entidad estatal —u organismo autónomo— encargada de supervisar, normar y controlar el uso de la energía nuclear, especialmente en sus aplicaciones civiles. En Argentina, ese rol lo cumple la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), creada en 1997 como sucesora de la antigua Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en su función regulatoria. En el plano internacional, el principal actor es el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), con sede en Viena y dependiente de Naciones Unidas, fundado en 1957.

Tanto la ARN como el OIEA actúan como entidades técnicas y jurídicas cuyo objetivo principal es garantizar que el desarrollo nuclear se realice de manera segura, pacífica y bajo estándares internacionales de control. Esto implica no solo regular los usos energéticos del átomo, sino también vigilar la seguridad radiológica, el tratamiento de residuos, las condiciones laborales del personal involucrado y el cumplimiento de tratados internacionales de no proliferación.

Supervisión, licencias y vigilancia

La función más visible de estas comisiones es la emisión de licencias para operar instalaciones nucleares: desde reactores de investigación o potencia, hasta laboratorios con fuentes radiactivas, plantas de medicina nuclear y centros de tratamiento de residuos. Cada una de estas actividades debe cumplir con protocolos extremadamente exigentes de seguridad, diseño, operación y respuesta ante emergencias.

Además, estos organismos tienen potestad para realizar inspecciones periódicas, muchas veces sin previo aviso, con el objetivo de verificar el cumplimiento normativo. En caso de incumplimiento, pueden sancionar, suspender o incluso cerrar instalaciones.

En el caso de Argentina, por ejemplo, la ARN supervisa el funcionamiento de centrales como Atucha I, Atucha II y Embalse, tres pilares del sistema energético nacional. Pero también regula el uso de radioisótopos en hospitales, universidades y laboratorios de investigación. Su trabajo abarca desde la protección radiológica del personal técnico hasta la información a la ciudadanía en caso de incidentes.

Energía para la paz: tratados internacionales y no proliferación

Una de las funciones más sensibles de estos organismos, especialmente del OIEA, es la vigilancia del uso pacífico de la energía nuclear. En un mundo que aún arrastra el trauma de Hiroshima y Nagasaki, y donde existen países con capacidades nucleares no declaradas, el control de la no proliferación es fundamental.

A través del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), firmado por más de 190 países, se establecieron compromisos concretos: los estados no poseedores de armas nucleares se obligan a no desarrollarlas, y los que las tienen —como Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido— deben trabajar para su desarme y compartir tecnología pacífica bajo control internacional. El OIEA, en este marco, realiza misiones de verificación, análisis satelital, control de exportaciones y peritajes técnicos en zonas sensibles.

Los casos de Irán o Corea del Norte han puesto de manifiesto la delicada misión del OIEA, que además de sus tareas técnicas enfrenta una creciente presión diplomática. No se trata solo de medir niveles de uranio enriquecido: cada dato puede encender una crisis geopolítica.

Energía, política y diplomacia científica

Aunque estas comisiones se presentan como organismos técnicos, su accionar tiene inevitables repercusiones políticas. En los últimos años, la energía nuclear ha sido eje de debates globales sobre la soberanía energética, la necesidad de descarbonización, y las estrategias de transición frente a un mundo que busca abandonar el petróleo y el gas sin perder potencia industrial.

Países como Francia, Japón, China o Estados Unidos están relanzando sus programas nucleares con fuerte inversión estatal, mientras que naciones como Argentina apuestan a la exportación de reactores modulares (como el CAREM, primer prototipo nacional de potencia baja). Todo ello requiere el aval de sus respectivas autoridades regulatorias, que deben equilibrar los intereses de desarrollo con el mandato de seguridad y transparencia.

Además, estas comisiones cooperan entre sí, comparten información, entrenan a sus técnicos de manera conjunta y desarrollan estándares comunes. Existen redes como el Foro de Reguladores Nucleares, la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO) y diversas plataformas científicas multilaterales.

¿Qué desafíos enfrentan hoy estas comisiones?

• Cambio climático: la presión por generar energía limpia ha devuelto protagonismo a lo nuclear. Sin embargo, aún pesa el recuerdo de Chernóbil y Fukushima, lo que obliga a los reguladores a extremar controles y comunicar mejor sus decisiones.
• Ciberseguridad: con instalaciones cada vez más digitalizadas, crece la amenaza de ataques informáticos a plantas nucleares o sistemas de monitoreo.
• Gestión de residuos: uno de los puntos más críticos. Aunque la producción de residuos radiactivos es baja en volumen, su peligrosidad y durabilidad exigen políticas de almacenamiento seguras por miles de años.
• Futuro tecnológico: los reactores de cuarta generación, los pequeños reactores modulares (SMRs) y las investigaciones sobre fusión nuclear están generando una revolución en ciernes, que debe ser acompañada desde la regulación.

Conclusión: custodios del átomo

La energía nuclear combina lo mejor y lo peor del ingenio humano: es capaz de alimentar ciudades enteras, curar enfermedades y, al mismo tiempo, destruir civilizaciones. En ese equilibrio frágil, las comisiones que regulan su expansión actúan como guardianes silenciosos de una tecnología tan poderosa como ambivalente.

Garantizar que el átomo sirva a la paz y al progreso, y no a la guerra y la destrucción, es su misión permanente. Una tarea técnica, pero también ética, en un mundo que debe decidir con urgencia de qué forma quiere iluminar su futuro.