A poco más de 24 horas de que se dictara la prisión domiciliaria para Cristina Fernández de Kirchner, un grupo de diputados del PRO presentó un proyecto de ley para excluir a los delitos de corrupción del alcance del indulto presidencial. La iniciativa fue impulsada por el sector más alineado con Patricia Bullrich, ministra de Seguridad y referente del ala dura del partido.

La diputada Silvana Giudici, cercana a Bullrich, fue quien firmó la propuesta, acompañada por otros 12 legisladores, entre ellos Sabrina Ajmechet, Martín Ardohain, María Eugenia Vidal, Florencia de Sensi y Gerardo Milman. Aunque el grueso de los firmantes responde a la ministra, la presencia de Vidal sugiere un intento de tender puentes con el sector del PRO que aún responde a Mauricio Macri.

El proyecto propone modificar la Ley 27.156 para prohibir expresamente que se otorgue indulto, amnistía o conmutación de penas a quienes hayan sido condenados por delitos contra la administración pública y actos de corrupción. Cita específicamente delitos como cohecho, malversación, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito.

“El objetivo es armonizar la ley con el espíritu de la Constitución Nacional”, argumentó Giudici. En ese sentido, mencionó el artículo 36 de la Carta Magna, que declara imprescriptibles los delitos contra el orden democrático y niega la posibilidad de indulto a quienes los cometan. “Cuando un funcionario utiliza su cargo para robar, no comete un delito común: atenta contra la democracia. Es comparable al delito de traición a la patria”, agregó.

Actualmente, el indulto presidencial no puede aplicarse a quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra. De aprobarse esta ley, se ampliaría la excepción a un amplio conjunto de delitos vinculados a la corrupción y el uso indebido del poder público.

La movida legislativa se da en un contexto político caldeado, con expresiones públicas de apoyo a la ex presidenta tras la orden del Tribunal Oral Federal N.º 2 que dispuso su prisión domiciliaria. La discusión sobre un eventual indulto a Cristina Kirchner comenzó a tomar cuerpo dentro del peronismo.

El senador del PJ, José Mayans, sostuvo que “lo primero que tiene que hacer quien asuma en 2027 es indultarla y revisar la proscripción”. Por su parte, Eduardo “Wado” de Pedro, ex ministro del Interior, también tomó posición: “Cristina libre es la primera condición para el próximo gobierno”, dijo, al tiempo que señaló que la detención de la ex presidenta “despertó” al peronismo.

Con este proyecto, el PRO busca cerrar esa posibilidad por vía legal, blindando el sistema penal contra eventuales decisiones futuras que intenten revertir condenas por corrupción mediante un indulto presidencial. El debate, inevitablemente, vuelve a poner sobre la mesa la tensión entre justicia, política y el uso del poder ejecutivo en la Argentina.