Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola dictaminaron este martes que debe rechazarse el pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner y que la ex presidenta debe cumplir su condena de seis años por la causa Vialidad en una unidad penitenciaria del sistema federal.

El dictamen, de diez páginas, fue presentado ante el Tribunal Oral Federal N.º 2, que ahora debe resolver si concede o no el beneficio solicitado. La decisión final está en manos del juez Rodrigo Giménez Uriburu, presidente del tribunal, aunque se especula que el juez Jorge Gorini —otro de los integrantes del TOF 2— podría pronunciarse en las próximas horas.

Los fiscales fundamentaron su rechazo en dos argumentos principales: por un lado, señalaron que la defensa no presentó razones de salud que impidan a la ex mandataria cumplir la pena en un establecimiento penitenciario. Por otro, advirtieron que, si bien la ley contempla la prisión domiciliaria a partir de los 70 años, esa posibilidad no implica una concesión automática, sino una medida sujeta a evaluación del tribunal y basada en criterios concretos.

Luciani y Mola también hicieron alusión al intento de magnicidio sufrido por la ex presidenta en 2022 frente a su residencia de Recoleta. Según los fiscales, ese antecedente demuestra que no están dadas las condiciones de seguridad para que Fernández de Kirchner cumpla su condena en su actual domicilio de Constitución. Incluso plantearon que una eventual prisión domiciliaria implicaría mayores riesgos para su integridad y para el entorno urbano, por la constante concentración de militancia y fuerzas de seguridad.

“Ejecutar la pena bajo el régimen domiciliario constituye, en primer lugar, una excepción al cumplimiento efectivo de la pena en prisión. En segundo lugar, no debe ser admitida de manera automática por la sola circunstancia de que el condenado se encuentre comprendido en alguno de los supuestos legales”, afirmaron los fiscales en el dictamen.

Como alternativa, señalaron que el cumplimiento de la condena podría llevarse adelante en una unidad de custodia propuesta por el Ministerio de Seguridad de la Nación, bajo responsabilidad de Patricia Bullrich, y con garantías reforzadas para preservar su integridad física.

El dictamen de Luciani y Mola se da en un contexto de alta tensión política y movilización por parte del kirchnerismo, que prepara una marcha a los tribunales de Comodoro Py en respaldo a su líder. La resolución judicial que adopte el TOF 2 marcará no solo un hito en el proceso penal contra Cristina Kirchner, sino también en la disputa institucional que rodea el cumplimiento efectivo de su condena.