El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentó este martes un escrito ante la Justicia federal solicitando que la eventual prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner no se cumpla en su departamento del barrio de Constitución. El pedido fue canalizado por la Procuración General porteña ante el Tribunal Oral Federal N.º 2, bajo instrucciones directas del jefe de Gobierno, Jorge Macri.

En el documento, las autoridades porteñas expresan su “preocupación por los efectos negativos” que podría generar la residencia judicial de la ex mandataria en el inmueble ubicado en San José 1111. Según argumentan, la presencia de una custodia permanente y la concentración de manifestantes en apoyo a la líder del kirchnerismo afectarían de manera severa la movilidad, la seguridad y la prestación de servicios esenciales en una zona caracterizada por su alta densidad poblacional y su intensa circulación peatonal y vehicular.

El Ejecutivo local advirtió que, desde la confirmación de la condena contra Cristina Kirchner, ya se registraron cortes de calle, ruidos molestos y una sobrecarga operativa en los alrededores del edificio. Como respaldo, el escrito fue acompañado por estudios técnicos elaborados por áreas de seguridad urbana y planificación del gobierno porteño. En ellos se señala que el despliegue de fuerzas federales implicaría una “alteración sostenida del entorno urbano”, con consecuencias para los vecinos, las instituciones educativas de la zona y el funcionamiento general del macrocentro.

En caso de que el tribunal disponga igualmente la prisión domiciliaria, el Gobierno de la Ciudad pidió que se establezcan “medidas excepcionales” para garantizar el orden público, asegurar el normal funcionamiento de los servicios y coordinar operativos conjuntos con las autoridades nacionales.

La presentación de la administración porteña se conoció apenas horas después de que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola rechazaran el pedido de prisión domiciliaria formulado por la defensa de la ex presidenta. Ambos funcionarios judiciales argumentaron que no existen razones médicas ni de edad que justifiquen ese beneficio procesal.

El planteo de la Ciudad eleva el tono del conflicto institucional en torno al cumplimiento de la condena por corrupción en la causa Vialidad y anticipa un nuevo eje de disputa entre la administración nacional, la Justicia y el Gobierno de CABA, en el centro neurálgico del poder político argentino.