ATE Capital, la CTA y la CATT declararon paros y anunciaron protestas contra lo que califican como una maniobra judicial para proscribir a la expresidenta. Crece la tensión entre gremios y la Casa Rosada.
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La decisión de la Corte Suprema de Justicia de confirmar la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad provocó una reacción inmediata en el movimiento sindical argentino, que anunció medidas de fuerza y movilizaciones para denunciar lo que considera una “persecución política” contra la exmandataria.
Uno de los primeros gremios en pronunciarse fue ATE Capital, que declaró un paro con movilización bajo el lema: “Defender a Cristina es defender la democracia”. En un comunicado oficial, el sindicato liderado por Daniel “Tano” Catalano calificó la sentencia como un “grave atropello” institucional y convocó a sus afiliados a concentrarse frente al Palacio de Tribunales.
La reacción se enmarca en una jornada de reuniones de emergencia entre distintas organizaciones gremiales, primero en la sede del SMATA y luego en el Partido Justicialista, donde también estuvo presente Cristina Kirchner. Desde allí, se articularon respuestas conjuntas entre las dos ramas de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores), que difundieron un documento titulado “Contra la proscripción de Cristina – En defensa de la democracia”.
El texto, firmado por Hugo Yasky y Hugo “Cachorro” Godoy, denuncia que el fallo fue dictado por “el triunvirato que ocupa la Corte”, al que acusan de operar como “brazo ejecutor de los poderes fácticos”. Según el documento, la sentencia “ya estaba escrita antes de que comenzara el juicio” y responde a una “vendetta política” contra las conquistas del peronismo.
“Ratificamos nuestra disposición a enfrentar la proscripción tal como lo hicimos en otros momentos críticos de la historia argentina”, señalaron ambas CTA, evocando la resistencia sindical frente a las dictaduras militares y otras etapas de proscripción política en el país.
El transporte también se alinea
La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que agrupa a más de treinta gremios del sector terrestre, aéreo, ferroviario, fluvial y portuario, también se sumó al repudio. En un comunicado encabezado por su titular, Juan Carlos Schmid, la organización denunció un “ataque judicial contra Cristina Fernández de Kirchner” y advirtió sobre “la creciente utilización del Poder Judicial como herramienta de condicionamiento electoral”.
“La situación se asemeja a lo que ocurrió en Brasil con Lula da Silva. Medidas de dudosa legalidad promovidas por actores poderosos que nunca se retiran del escenario político”, afirmó Schmid, quien además lidera la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval (FeMPINRA).
Para la CATT, el fallo forma parte de una serie de “operaciones mediáticas y judiciales” destinadas a deslegitimar a figuras centrales del campo popular en contextos electorales. “No habrá democracia plena sin la libre participación de todos y todas”, concluyeron, en un respaldo explícito a la exjefa de Estado.
Clima de conflicto y distancias con el Ejecutivo
La respuesta sindical se da en medio de una creciente tensión con el gobierno nacional. Mientras desde sectores del oficialismo se apela a “respetar las instituciones”, gremios vinculados al kirchnerismo advierten que se trata de una sentencia de carácter político que compromete la calidad democrática del país.
En paralelo, comienza a emerger un malestar latente entre algunos dirigentes gremiales por la falta de articulación con la Casa Rosada. Andrés Rodríguez, titular de UPCN y referente de la CGT, expresó su descontento por la actitud “cerrada” del Ejecutivo, y habló de un “conflicto continuo” que podría escalar en los próximos días.
Desde el Instituto Patria no descartan que otras organizaciones sindicales más alineadas con el kirchnerismo adopten medidas similares, en lo que ya se perfila como un nuevo capítulo de la disputa entre el sindicalismo combativo y un Poder Judicial que, según denuncian, opera como actor político.
