El Tribunal Oral Federal N°4 ordenó la detención inmediata de seis personas condenadas por lavado de dinero en el marco de la causa conocida como la “Ruta del dinero K”, luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara firmes las sentencias.

Los implicados deberán presentarse este lunes a las 10:30 horas en los tribunales de Comodoro Py, donde quedarán formalmente detenidos. Se trata de Fabián Rossi —ex apoderado de la financiera SGI y exmarido de Iliana Calabró—, Julio Mendoza —extitular de Austral Construcciones—, el empresario Carlos Molinari, Juan Alberto De Rasis, César Fernández y Eduardo Castro. Todos recibieron penas de más de tres años de prisión, lo que implica cumplimiento efectivo.

La medida fue solicitada por el fiscal federal Abel Córdoba y avalada por el juez del TOF 4, Néstor Costabel. El magistrado también dispuso analizar si alguna de las detenciones puede realizarse bajo modalidad domiciliaria por razones de salud o edad, ya que varios de los condenados superan los 70 años.

Los seis integraban el entramado que, según la Justicia, colaboró con Lázaro Báez para lavar alrededor de 55 millones de dólares. La maniobra consistía en el envío de fondos al exterior y su posterior reingreso al país simulando operaciones legales, canalizadas a través de SGI —la financiera que perteneció a Federico Elaskar, también condenado, aunque con pena en suspenso.

Rossi, en particular, fue señalado como una pieza clave del engranaje: envió comunicaciones a bancos suizos para abrir cuentas a nombre de sociedades vinculadas a los Báez. Esa correspondencia fue incorporada como prueba relevante durante el juicio oral.

En paralelo, el juez Costabel deberá decidir en los próximos días si corresponde reactivar las detenciones de Lázaro Báez, su hijo Martín, el abogado Jorge Chueco y el contador Daniel Pérez Gadín, quienes ya cumplieron parte de sus condenas, en algunos casos bajo arresto domiciliario.

En el caso de Báez, que estuvo tres años en el penal de Ezeiza y cinco años y medio bajo prisión domiciliaria por otra causa, su defensa solicitará que se computen esos años como parte de la pena de diez años impuesta en esta causa. Sin embargo, la jurisprudencia actual establece que solo deben contabilizarse los años cumplidos en una cárcel federal específicamente por esta condena.

El fiscal Córdoba deberá emitir dictámenes individuales, tras lo cual el tribunal resolverá cada caso. La decisión del TOF 4 se da en un contexto donde el Poder Judicial busca dar señales de rigor en causas de corrupción de alto perfil, luego de años de recursos, demoras y estrategias dilatorias.