En una medida que busca robustecer su autonomía orgánica y funcional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) resolvió comenzar a ejercer su propia defensa en los litigios judiciales en los que sea parte, desplazando de manera progresiva al Ministerio de Justicia de la Nación, que hasta ahora cumplía ese rol de forma exclusiva.
La decisión fue formalizada mediante la resolución N.º 931/2025, en la que el máximo tribunal autorizó a los abogados de su Dirección de Asuntos Contenciosos (DAC) a ejercer la representación legal de la Corte tanto en instancias judiciales como extrajudiciales y administrativas. Esta nueva dinámica apunta a consolidar un modelo de defensa directa y especializada ante causas de “trascendencia institucional y patrimonial”, según se expresa en los fundamentos de la resolución.
Una defensa más ágil y especializada
El cambio responde a la necesidad de contar con un cuerpo letrado que, bajo la órbita de la Secretaría Jurídica General y con independencia técnica, pueda intervenir con mayor eficiencia ante plazos procesales estrictos y situaciones complejas. La DAC, que ya estaba creada como órgano interno, quedará plenamente habilitada para asumir esta responsabilidad con capacidad plena de actuación en nombre de la Corte.
Para garantizar la operatividad de esta reforma, se facultó al secretario jurídico general a otorgar poderes generales que permitan a los abogados acreditar personería ante cualquier fuero. Además, se instruyó a esa dependencia para que emita las disposiciones reglamentarias que aseguren el correcto funcionamiento de la Dirección.
Honorarios, matrícula y recursos
La resolución aclara expresamente que los abogados de la Corte no podrán percibir honorarios profesionales por su actuación, ya que revisten carácter de agentes públicos con salario fijo. En caso de que un tribunal regule honorarios por su intervención, estos deberán ser transferidos a una cuenta bancaria a nombre de la Corte Suprema.
Asimismo, el tribunal resolvió que afrontará todos los costos asociados a la labor profesional de sus letrados, incluyendo impuestos, tasas judiciales, bonos, matrícula y otros gastos derivados de su actuación en juicio.
Para garantizar su actuación en todo el país, los integrantes de la DAC podrán matricularse ante el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal para actuar en el ámbito porteño, y contarán con el respaldo de la Oficina de Matrícula de la Corte para su inscripción ante tribunales federales con asiento en las provincias.
Un cambio que marca posición institucional
La Corte solicitó también al Ministerio de Justicia que notifique de inmediato a la DAC sobre cualquier juicio en el que el tribunal resulte involucrado, así como de todo acto procesal que requiera su intervención. De esta forma, la CSJN apunta a evitar demoras o descoordinaciones que puedan perjudicar su posición jurídica o institucional en causas sensibles.
La decisión no solo responde a razones de eficacia procesal, sino que envía un mensaje institucional claro en defensa del principio de separación de poderes y la autonomía del Poder Judicial frente al Poder Ejecutivo.
Con este paso, el máximo tribunal consolida una estructura interna para ejercer su propia defensa, reafirmando su rol como garante último del orden constitucional, también en los terrenos en los que es parte directa en conflicto.
