Después de semanas de espera, el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, presentó su dictamen en la causa Vialidad, en la que la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue condenada por corrupción. En un escrito de 13 páginas, el jefe de los fiscales solicitó a la Corte Suprema de Justicia que agrave la condena dictada en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal N.º 2.

Casal pidió que la pena impuesta —seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos— sea elevada a doce años de cárcel, al considerar que debe aplicarse el agravante por asociación ilícita, figura que había sido descartada por el tribunal que la juzgó en primera instancia.

El dictamen refuerza el planteo de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes durante el juicio habían argumentado que Cristina Kirchner lideró una organización delictiva destinada a desviar fondos de la obra pública vial en Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez, entre 2003 y 2015.

Si bien el dictamen del procurador no es vinculante, representa un paso central antes de que la Corte se pronuncie sobre la sentencia definitiva en una de las causas más emblemáticas de presunta corrupción durante los gobiernos kirchneristas.

Con este escrito, Casal se alinea con el núcleo acusador que considera a la expresidenta no sólo responsable de administración fraudulenta, sino también jefa de una asociación ilícita que operó desde el corazón del Estado. La Corte deberá ahora analizar los recursos extraordinarios presentados por todas las partes y determinar si confirma o modifica el fallo.

Cristina Kirchner, que se considera víctima de una persecución judicial, ha rechazado todas las acusaciones y sostiene que el juicio fue una “operación política y mediática”. La líder del PJ nacional no ocupa actualmente ningún cargo público ni goza de fueros parlamentarios.