La causa judicial que investiga presuntas maniobras defraudatorias en la contratación de seguros por parte de distintos organismos del Estado sumó nuevas revelaciones que comprometen aún más al expresidente Alberto Fernández, principal imputado en el expediente.

Un informe elaborado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) reveló que Fernández mantuvo una relación comercial sostenida con Héctor Martínez Sosa, uno de los brokers involucrados, desde el año 2010 y hasta pocos días antes de asumir como jefe del Estado, en diciembre de 2019.

Según el documento presentado por el fiscal Diego Velasco, Fernández le emitió facturas a Martínez Sosa de manera ininterrumpida durante casi una década. La última de ellas tiene fecha del 6 de diciembre de 2019, apenas cuatro días antes de recibir el bastón presidencial de manos de Mauricio Macri. Solo en 2019, el entonces futuro presidente le facturó $1.422.000.

Además, la Procelac identificó otras facturaciones del expresidente a Austran Consulting SA, una firma vinculada también con Martínez Sosa. Las mismas se emitieron entre 2014 y 2017, con montos mensuales que comenzaron en $10.000 y se incrementaron a $15.000.

El esquema bajo sospecha

Fernández es el principal acusado en una causa que investiga 45 contratos entre organismos estatales y Nación Seguros SA, firmados durante su mandato. El epicentro del caso es el Decreto 823/2021, impulsado por el propio Fernández, que obligó a las dependencias del Estado a contratar exclusivamente con esa aseguradora pública, habilitando así la intervención de brokers privados.

Según la investigación, el 86% de las comisiones pagadas por Nación Seguros fueron a parar a manos de solo cinco empresarios. Héctor Martínez Sosa, amigo personal del expresidente y esposo de su exsecretaria, fue beneficiado con el 42% de los contratos adjudicados.

La causa sostiene que los brokers, “con la connivencia de Alberto Fernández”, se posicionaron como intermediarios entre Nación Seguros y distintos entes estatales, incluyendo también la participación de empresas coaseguradoras.

Pericias al celular y nuevas inhibiciones

En una decisión clave, el juez federal Sebastián Casanello, a cargo de la causa, ordenó el peritaje del teléfono celular de Alberto Fernández, con el objetivo de encontrar comunicaciones que puedan probar el entramado de negocios entre el exmandatario y los brokers investigados.

Para ello, Casanello pidió al juez Julián Ercolini, quien ya había dispuesto una pericia sobre el teléfono de Fernández en otro expediente, que incorpore nuevas palabras clave en la búsqueda digital: “seguros”, “Hecker” (apodo de Martínez Sosa), “Martínez Sosa”, “Cantero” y “Rodríguez” (exresponsable de la Quinta de Olivos), entre otros.

La medida incluye también el restablecimiento de la inhibición de bienes de todas las personas físicas y jurídicas imputadas en el expediente.