Tras el contundente rechazo del Senado a su pliego, con más de dos tercios de los votos en contra, todos en la Corte Suprema esperan la renuncia de Manuel José García Mansilla como juez en comisión. Sin embargo, el Gobierno nacional desplegó su artillería legal para intentar retenerlo: este sábado presentó un recurso per saltum para que el máximo tribunal suspenda la medida cautelar del juez federal Alejo Ramos Padilla, que impide a García Mansilla intervenir en decisiones judiciales y administrativas por tres meses.
El objetivo del Ejecutivo es que la Corte anule el fallo de Ramos Padilla y permita que el cuestionado magistrado —designado por decreto— siga participando en las decisiones del tribunal, pese a haber firmado ya 214 fallos. En las próximas horas, los jueces supremos evaluarán si admiten el recurso, que saltea instancias judiciales. Aunque García Mansilla parece encaminado a renunciar, algunos despachos no descartan enviar un mensaje político en su eventual fallo.
Un juez al borde de la salida
Como informó Página/12, García Mansilla no se presentó a trabajar el viernes luego de la paliza legislativa. La noche anterior había circulado que consultaría a sus colegas sobre si debía renunciar, pero la respuesta fue unánime: respetaban su “momento complejo”, pero esperaban que reflexionara durante el fin de semana y tomara una decisión. Hasta el cierre de esta edición, no había presentado su dimisión por escrito, aunque todo indica que prepara su retirada. Si se va, la Corte volvería a quedar con solo tres miembros.
El recurso del Gobierno y la pulseada institucional
El per saltum presentado por la Procuración del Tesoro busca que la Corte suspenda la cautelar de Ramos Padilla y permita que García Mansilla siga actuando. El argumento oficial es que esperar una resolución de la Cámara Federal de La Plata generaría una “dilación indebida”, afectando el funcionamiento del máximo tribunal. Sin embargo, en diciembre pasado, la propia Corte había aclarado que podía operar con tres jueces y conjueces.
El Gobierno insiste en que el decreto de designación es constitucional, basándose en una interpretación amplia del artículo 99, inciso 19 de la Constitución. Además, sostiene que, al haberle tomado juramento, la Corte avaló implícitamente su nombramiento. No obstante, los supremos ya habían aclarado en una acordada que no emitían juicio sobre la validez del decreto.
La cautelar de Ramos Padilla y la crítica al Gobierno
El juez federal había argumentado que el Ejecutivo no puede eludir al Senado por falta de acuerdos políticos, una postura que el Gobierno tildó de “activismo judicial”. La presentación oficial incluso inventa un concepto no constitucional: que el Presidente puede cubrir transitoriamente vacantes ante la “demora o falta de acuerdo” del Senado.
Mientras tanto, más de 50 juristas y el Colegio de Abogados de Capital Federal pidieron la renuncia de García Mansilla, al considerar que sin acuerdo senatorial su designación es inconstitucional. Pero el Gobierno de Milei sigue firme en su estrategia, llevando la pulseada hasta la Corte Suprema.
Ahora, los ojos están puestos en los supremos: ¿aceptarán el per saltum o dejarán que García Mansilla se retire, marcando un límite al avance del Ejecutivo sobre el Poder Judicial?
