El fiscal federal Guillermo Marijuan imputó al ex gobernador de Tucumán, José Alperovich, y a su esposa, la ex senadora Beatriz Rojkes, por el delito de enriquecimiento ilícito, luego de una investigación que comenzó a partir de una denuncia realizada por el presidente de la Fundación por la Paz, Fernando Miguez.

La denuncia sostiene que el crecimiento patrimonial de Alperovich y su familia durante los años en que estuvieron al frente del gobierno de la provincia resultó “apreciable e injustificado”. Según Miguez, dicho aumento en el patrimonio de la familia Alperovich no encuentra explicación en sus ingresos legales y legítimos, lo que dio lugar a la apertura de la causa judicial.

Además de los imputados principales, la denuncia también alcanza a varios familiares y allegados cercanos al matrimonio, quienes también serían responsables de este supuesto enriquecimiento ilícito. La investigación se centra en analizar el origen de los bienes adquiridos por los involucrados, considerando las evidencias presentadas en la denuncia y la magnitud del patrimonio que adquirieron durante su tiempo en el poder.

De acuerdo con el análisis llevado a cabo por el fiscal Marijuan, las conductas denunciadas encajarían en el delito de enriquecimiento ilícito, un delito tipificado en el Código Penal argentino que contempla penas de prisión de hasta seis años. Este tipo de acusaciones es serio, ya que pone en cuestión la legalidad de los incrementos patrimoniales de funcionarios públicos y sus familias durante sus mandatos.

El caso ha generado gran revuelo en la opinión pública, dada la figura destacada de Alperovich en la política tucumana y el hecho de que su esposa, Beatriz Rojkes, también fue una figura de alto perfil en el ámbito político, habiendo sido senadora por Tucumán. Aún no se ha determinado si los imputados serán citados a declarar en los próximos días, pero la causa sigue su curso judicial mientras se investigan los posibles vínculos entre el aumento patrimonial y las funciones públicas desempeñadas por los imputados.

Este hecho se suma a otros casos de corrupción en la política argentina, lo que sigue alimentando el debate sobre la transparencia en la gestión pública y la lucha contra el enriquecimiento ilícito de los funcionarios.