El Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina ha decidido incorporar a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) al Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Esta medida, solicitada por el Gobierno de Javier Milei, se basa en un informe técnico-jurídico que documenta presuntas actividades terroristas de la organización en el país, en particular sus acciones violentas en la Patagonia, y su impacto en la seguridad nacional.

Según la resolución 210/2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial, la RAM, vinculada a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), representa una amenaza grave y multifacética para la seguridad nacional. El informe destaca que desde 2010, la organización ha estado involucrada en cientos de incidentes terroristas, como incendios intencionales que arrasaron bosques milenarios en la región patagónica. Estos actos, motivados por un objetivo claro de sembrar terror, incluyen ataques contra viviendas, vehículos, maquinarias y personas.

El informe también subraya que el aumento de incendios en el sur de Argentina, especialmente en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut, coincide con la derogación de una ley que impedía los desalojos de tierras usurpadas. En algunos casos, se ha comprobado que estos incendios fueron provocados intencionalmente y, más recientemente, el líder de la RAM, Facundo Jones Huala, ha reivindicado públicamente estos ataques como parte de una lucha armada.

Además de las medidas contra la RAM, el gobierno argentino ha presentado una denuncia penal contra Huala por incitación a la violencia y asociación criminal, en respuesta a sus declaraciones donde apoya los atentados incendiarios y llama a la lucha armada.

Por su parte, legisladores y autoridades locales, como el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, han intensificado sus reclamos para que el Gobierno actúe con contundencia, asegurando que la violencia asociada a la RAM y su incitación al terrorismo no quedarán impunes.

El gobierno, en su caracterización de la RAM, describe a la organización como un movimiento etno-nacionalista violento que opera desde hace más de quince años, cometiendo delitos graves contra la propiedad, la seguridad pública y la naturaleza. Según el informe, la RAM busca promover una insurrección contra el Estado argentino y ha causado una catástrofe ecológica con los incendios forestales que devastaron vastas áreas en la Patagonia, afectando tanto a la vida silvestre como a las economías locales.

La resolución también subraya que el accionar de la RAM no es aislado, sino parte de una estrategia organizada que utiliza la violencia extrema para alcanzar sus objetivos, poniendo en peligro la seguridad, la infraestructura y el orden público en las zonas que controla.

A medida que las autoridades intensifican sus esfuerzos para frenar a la RAM y sus aliados, el Gobierno argentino sigue buscando cortar todo tipo de financiación que pueda apoyar las acciones terroristas de este grupo, que ha desafiado la soberanía del Estado y afectado gravemente el bienestar de los argentinos.