Un juez federal en Massachusetts pausó temporalmente el programa de indemnización impulsado por la administración Trump para empleados federales, dos días después de que sindicatos que representan a más de 800.000 trabajadores presentaran una demanda para retrasar su implementación. La decisión, tomada por el juez de distrito George A. O’Toole Jr., impide que el gobierno avance con el programa hasta una audiencia programada para el lunes, donde ambas partes expondrán sus argumentos.
En respuesta a la orden judicial, la Oficina de Gestión de Personal (OPM) extendió la fecha límite para que los empleados acepten la oferta de renuncia hasta el lunes 10 de febrero. La medida genera incertidumbre en miles de trabajadores mientras la administración busca reducir y reestructurar drásticamente la fuerza laboral federal. Hasta el jueves, alrededor de 50.000 empleados habían aceptado la oferta, aunque aún no está claro cómo la pausa afectará a quienes ya firmaron su renuncia.
A pesar del fallo, la Casa Blanca mantiene su postura. La secretaria de prensa Karoline Leavitt instó a los empleados a aceptar la oferta: “Si no quieren presentarse en la oficina y prefieren estafar al pueblo estadounidense, pueden tomar esta indemnización. Encontraremos individuos altamente competentes para ocupar estos puestos”, declaró ante la prensa.
El líder de la minoría en el Senado, Charles E. Schumer, celebró la decisión del tribunal y advirtió sobre la necesidad de frenar “la agenda ilegal de Trump” mediante acciones judiciales y legislativas.
La demanda contra el programa fue presentada por tres sindicatos gubernamentales —la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno (AFGE), la Asociación Nacional de Empleados del Gobierno y la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, del Condado y Municipales— junto con el grupo Democracy Forward. Argumentan que el plan de renuncia diferida es un “ultimátum arbitrario, ilegal y de corto plazo” que viola la legislación laboral vigente.
El programa, anunciado el 28 de enero a través de un correo electrónico titulado “Encrucijada”, ofrece a los empleados federales la opción de renunciar voluntariamente con el pago de su salario hasta septiembre. Sin embargo, la medida excluye a ciertos sectores como el personal militar, empleados del Servicio Postal y funcionarios de seguridad nacional.
Mientras el proceso legal avanza, los trabajadores enfrentan presiones crecientes para aceptar la oferta. Agencias gubernamentales han comenzado a identificar a empleados con bajo rendimiento como parte de un plan para acelerar despidos. Un memorando de la OPM ordenó a las agencias federales señalar a aquellos que hayan recibido calificaciones de desempeño inferiores en los últimos tres años.
El impacto del programa ya se siente en diversas instituciones. En el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), varias renuncias incluyen a altos funcionarios con décadas de experiencia, lo que podría generar una pérdida significativa de conocimiento institucional.
Con la audiencia judicial programada para el lunes, los empleados federales ahora tienen más tiempo para tomar una decisión sobre su futuro, mientras el gobierno insiste en seguir adelante con su plan de transformación de la administración pública.
