El Gobierno Nacional y la provincia de Mendoza avanzaron en la privatización de Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA), empresa estatal intervenida en 2021 para evitar su quiebra. La Comisión Evaluadora recomendó aceptar la oferta de la firma estadounidense Industrial Acquisition Fund, LLC (IAF) y su socio Arc Energy, quienes ahora se posicionan para adquirir el control de la histórica compañía.
El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró el avance del proceso: “Privatizamos IMPSA. Gran trabajo en equipo de Juan Pazo, Pablo Lavigne y el gobernador Alfredo Cornejo”. Esta decisión marca el retorno de IMPSA al ámbito privado, tras un periodo en el que el Estado mantuvo el control mayoritario de sus acciones.
Un acuerdo condicionado al refinanciamiento de la deuda
IMPSA, fundada en 1907 y líder en la fabricación de turbinas, grúas y equipos para generación de energía, enfrenta un panorama financiero complejo. IAF presentó una oferta de 27 millones de dólares en concepto de aporte de capital, condicionado a un cronograma de integración. Además, solicitó plazo hasta el 31 de enero para negociar el refinanciamiento de la deuda de IMPSA, que asciende a 576 millones de dólares.
La Comisión Evaluadora destacó que la oferta de IAF mejoró significativamente en relación a sus condiciones iniciales, acreditando idoneidad y capacidad financiera para enfrentar las necesidades de la empresa. Sin embargo, la operación depende de que se logre la conformidad de los acreedores para renegociar los plazos y reducir el stock de deuda. Solo tras cumplir esta condición se procederá a la redacción y firma del contrato de compraventa de acciones.
Una situación financiera crítica
La situación financiera de IMPSA es delicada. Según el informe presentado por Fabián D’Aiello, Responsable de Relaciones con el Mercado, el patrimonio neto pasó de ser positivo en 37.640 millones de pesos al 31 de diciembre de 2023 a un saldo negativo de 18.993 millones de pesos al 30 de septiembre de 2024. Durante este periodo, la empresa acumuló pérdidas por 56.634 millones de pesos, atribuidas principalmente a costos financieros e impactos del impuesto a las ganancias.
Distribución accionaria y objetivos de la privatización
El capital social de IMPSA se compone de acciones clase A (5,3%, en manos de la familia Pescarmona), clase B (9,8%, en fideicomisos de los acreedores) y clase C, mayoritariamente estatales. De estas últimas, el 63,7% pertenece al Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) y el 21,2% a la provincia de Mendoza.
La decisión de transferir las acciones públicas al sector privado responde a la estrategia de déficit cero y a la política de no asignar recursos federales a empresas privadas. Según fuentes oficiales, el objetivo es garantizar la continuidad de IMPSA dentro de un marco de economía de mercado, priorizando la sostenibilidad de sus operaciones. La provincia de Mendoza respaldó esta postura y acompañó el proceso de privatización.
Con la preadjudicación a IAF y Arc Energy, IMPSA inicia una nueva etapa que busca sanear sus finanzas y consolidar su operatividad en sectores clave como la metalurgia y la generación de energía, aunque bajo la sombra de un exigente proceso de renegociación de su deuda.
