Después de varios días de vuelos demorados y cancelados, Aerolíneas Argentinas suspendió las reuniones de negociación salarial con los gremios de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA). Según el comunicado emitido por la aerolínea este lunes, las negociaciones quedarán en pausa “hasta que no se retiren las medidas de fuerza que tienen impacto directo en los pasajeros”.
Las medidas de fuerza, organizadas por APLA, se han centrado en los centros de formación y simuladores de vuelo (Cefepra), afectando las capacitaciones y entrenamientos esenciales para la operación regular de vuelos. Esta situación llevó a la empresa a suspender temporalmente la mesa de diálogo que había retomado la semana pasada junto a funcionarios de Transporte y de la Jefatura de Gabinete, después de más de dos meses de estancamiento.
Desde Aerolíneas criticaron a APLA, alegando que el conflicto salarial parece ser “una excusa” para llevar adelante una “batalla política personal” por parte de sus autoridades, que ha afectado las operaciones regulares y el bienestar de los pasajeros. En su comunicado, destacaron el esfuerzo de la empresa para reacomodar a los pasajeros en vuelos propios y de otras aerolíneas, incluyendo la contratación de vuelos charter, para mitigar las consecuencias del paro.
El sindicato APLA había advertido previamente en sus redes sociales que la medida de fuerza, en la que participan instructores y operadores de simuladores, sería total los días 6 y 13 de noviembre, afectando toda la instrucción y simulación de pilotos. Ante esta situación, APLA solicitó que el Gobierno y Aerolíneas reanuden el diálogo para generar una propuesta satisfactoria.
Si no se resuelve el conflicto, APLA advirtió que las operaciones de la aerolínea podrían verse comprometidas en diciembre, responsabilizando a la empresa por la falta de propuestas que recompongan los salarios de los pilotos. Ante esta advertencia, Aerolíneas anunció que denunciará las medidas ante las autoridades judiciales y gubernamentales, calificando la huelga como “abusiva” y perjudicial para la economía de la empresa.