El Gobierno nacional oficializó este lunes los nuevos cuadros tarifarios para los servicios de luz y gas. Las resoluciones 905/2024 y 906/2024 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y 737/2024 y 738/2024 del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) establecieron los incrementos en las tarifas de las distribuidoras de electricidad del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y de gas en todo el país. Los nuevos valores aplicarán a los consumos de noviembre y empezarán a reflejarse en las facturas de los usuarios a partir de diciembre.
En promedio, los aumentos serán del 2,5% para electricidad y del 2,75% para gas, mientras se esperan próximas definiciones sobre el incremento en el servicio de agua corriente, que según fuentes oficiales será de alrededor del 4% para el AMBA. Las operadoras Edenor, Edesur, Metrogas y Naturgy BAN son algunas de las empresas afectadas por estas modificaciones, que tienen como objetivo reducir los subsidios energéticos que el Estado sostiene desde hace dos décadas. Esta política, sin embargo, implica un impacto inevitable en la inflación y en el costo de vida de los usuarios, lo que podría dificultar el objetivo de mantener la inflación mensual por debajo del 3%.
Los aumentos, enmarcados en la política de reducción de subsidios que lleva adelante la administración de Javier Milei, responden también a la necesidad de ajustar las tarifas de servicios públicos tras años de acumulación de atrasos. Como parte de esta estrategia, el Gobierno apunta a subsidiar más la demanda que la oferta, promoviendo el uso de electrodomésticos y materiales de construcción eficientes para reducir el consumo. En agosto, la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético firmó un acuerdo con el Banco Nación para ofrecer financiamiento en la compra de electrodomésticos de eficiencia energética “A” y materiales aislantes.
Debido a los diferentes cortes en los períodos de medición, las próximas facturas podrían mostrar una mezcla entre tarifas anteriores y nuevas, dependiendo del consumo de cada usuario. En el caso de la electricidad y el agua corriente en el interior del país, la administración de las tarifas queda bajo la competencia de cada provincia, dado que la jurisdicción del Estado nacional sobre estos servicios solo abarca el AMBA.
