En medio de la creciente polémica por los recortes presupuestarios a las universidades públicas y el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, el gobierno de Javier Milei ha derogado, después de once meses de gestión, una prohibición establecida por su predecesor. Esta prohibición impedía a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) auditar a las universidades, lo que las dejó en el centro de la controversia. Ahora, el organismo liderado por el síndico general de la Nación, Miguel Carlos Blanco, podrá llevar a cabo auditorías en las universidades nacionales, algunas de las cuales han sido acusadas por Milei de estar involucradas en “robos” a través de sus autoridades.

La derogación de esta medida fue formalizada a través de un dictamen emitido por el Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, lo cual le permitirá a Milei auditar las universidades, una herramienta que previamente no había podido activar. Aunque el presidente había responsabilizado públicamente a las universidades por resistirse a las auditorías, en realidad la prohibición era una normativa heredada de la administración anterior, que fue finalmente revocada por su propio gobierno.

Milei acusa a las universidades de resistirse a las auditorías

En los últimos días, Javier Milei justificó los ajustes presupuestarios en el ámbito educativo alegando que las universidades no aceptaban ser auditadas. Sin embargo, la ley establece que es el Poder Ejecutivo el encargado de realizar las auditorías a través de la SIGEN, que está bajo su jurisdicción. La prohibición de la SIGEN para auditar a las universidades fue una medida impuesta por Carlos Zannini, exprocurador del Tesoro, el 28 de noviembre de 2022, durante la gestión anterior.

A pesar de que Milei ha derogado miles de decretos y normas desde que asumió la presidencia, nunca revocó esa prohibición, lo que provocó una demora en la implementación de controles sobre las universidades. Esta situación ha generado cuestionamientos sobre la gestión del gobierno en relación con la transparencia de los fondos destinados a la educación pública.

El rol del Congreso en las auditorías

Además del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo tiene la facultad de auditar las universidades a través de la Auditoría General de la Nación (AGN), según lo estipulado en la Ley de Educación Superior vigente. Sin embargo, la AGN, que es el organismo de control dependiente del Congreso, no ha sido conformada. La responsabilidad de enviar los candidatos para integrar la AGN recae en el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien no ha cumplido con este paso.

La falta de designación de los auditores en el Congreso se debió a una orden de Milei, emitida tras un escándalo relacionado con diputados de La Libertad Avanza que visitaron a exrepresores en la cárcel de Ezeiza. Esta situación también generó tensiones dentro del propio gobierno, ya que La Libertad Avanza busca acordar con el PRO los cargos de auditoría, mientras que los candidatos opositores, como Jorge Triaca (PRO), Mario Negri (UCR) y Juan Ignacio Forlón o Guillermo Michel (peronismo), esperan su nombramiento.

El discurso de Milei en defensa de las auditorías

En una entrevista reciente con LN+, Javier Milei reforzó su discurso en contra de las universidades, señalando que quienes se oponen a las auditorías están “a favor de usar las universidades políticamente para robar en beneficio de determinados delincuentes de la política”. En su argumento, Milei afirmó que dado que las universidades están financiadas por el Estado, es decir, por todos los argentinos, es lógico que deban someterse a auditorías para garantizar el uso correcto de los fondos públicos.

Milei planteó una pregunta retórica en la misma entrevista: “¿Por qué no quieren ser auditadas si no está en discusión la universidad pública ni su carácter no arancelado? ¿Por qué tanto problema?” Y concluyó con una afirmación categórica: “El que no quiere ser auditado es el que está sucio. Este revuelo es para ocultar los curros de los delincuentes”.

El dictamen del Procurador del Tesoro y la habilitación de la SIGEN

Minutos después de las declaraciones de Milei, el Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, emitió un dictamen que autorizaba a la SIGEN a auditar las universidades. Este documento confirma que la demora en las auditorías fue una falla del propio Poder Ejecutivo, que no había gestionado la revocación de la normativa de Zannini.

El dictamen de Barra, que tiene 25 páginas, fue dirigido a la Secretaría de Educación, que encabeza Carlos Torrendell, dependiente del Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello. En el texto, Barra asegura que la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional es aplicable a las universidades nacionales, siempre y cuando este control no contradiga ni vulnere su autonomía funcional y administrativa, tal como lo reconoce la Constitución Nacional.

La respuesta del Ministerio de Capital Humano

Tras el dictamen del Procurador del Tesoro, el Ministerio de Capital Humano emitió un comunicado titulado “Las universidades nacionales serán auditadas por la SIGEN”, donde se resaltó que la decisión de Barra permitirá al ente de control supervisar los fondos de las universidades públicas. El comunicado señala que, con este dictamen, se revierte la situación creada en 2022, cuando un dictamen del entonces procurador Carlos Zannini impidió a la SIGEN auditar a las casas de estudio, dejando a la AGN como único ente responsable de las auditorías.

Ahora, con la nueva disposición, la SIGEN retoma su capacidad de auditar las universidades, lo que, según el gobierno, permitirá garantizar la transparencia en el manejo de los fondos públicos destinados a la educación superior. El Ministerio de Capital Humano aseguró que este paso es crucial para fortalecer el control financiero y administrativo de las instituciones públicas en el país.

Perspectivas a futuro

El regreso de las auditorías a las universidades públicas abre un nuevo capítulo en el debate sobre la transparencia y la gestión de los recursos destinados a la educación en Argentina. Si bien Milei ha utilizado este tema como bandera para justificar los recortes en el sector, la implementación efectiva de los controles por parte de la SIGEN y el Congreso aún está por verse. La falta de conformación de la AGN y los retrasos en la auditoría de las universidades muestran que los desafíos para asegurar la rendición de cuentas en este ámbito van más allá de las acusaciones mediáticas.

Con el nuevo marco de control, el gobierno de Milei buscará demostrar que sus acciones no solo responden a una lógica de ajuste presupuestario, sino también a la necesidad de garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos. Sin embargo, la relación entre el Poder Ejecutivo y las universidades, especialmente aquellas dirigidas por autoridades alineadas con el kirchnerismo, seguirá siendo un campo de batalla política en los próximos meses.