El Gobierno de Javier Milei continúa impulsando su agenda de apertura comercial con la derogación de cuatro normas clave que hasta ahora formaban parte del control aduanero. Este nuevo conjunto de medidas, anunciado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, apunta a reducir costos para importadores y exportadores, en línea con la política oficial de incentivar la competencia de productos extranjeros con la producción local. Sin embargo, la desregulación ha generado controversia y fuertes críticas por parte de sectores industriales y expertos en aduanas, que advierten sobre el riesgo de debilitamiento de los controles estatales.

Las medidas anunciadas

Las medidas desreguladoras que entrarán en vigor se enfocan en eliminar herramientas aduaneras que, según el Gobierno, generan sobrecostos y complicaciones burocráticas. Entre ellas se incluyen:

1. Eliminación del valor criterio: Este sistema establecía un parámetro de precios para las mercancías importadas, y aquellas que mostraban una desviación significativa pasaban automáticamente al “canal rojo” de inspección, lo que obligaba a los importadores a pagar garantías adicionales. Según Sturzenegger, este mecanismo generaba un sobrecosto promedio del 1% en sectores como neumáticos, prendas de vestir, grifería, juguetes, calzado y hilados. El funcionario argumentó que su eliminación contribuirá a reducir los precios de estos productos.
2. Fin del estampillado para productos importados: Este sello acreditaba que la mercadería ingresaba de manera legal y que se habían pagado los derechos correspondientes. La titular de la AFIP, Florencia Misrahi, anunció que se dejará de exigir para productos como textiles, instrumentos musicales y productos electrónicos (excepto celulares, que seguirán bajo control por una tecnología distinta). “No es rol de la Aduana hacer control de fraude marcario”, afirmó, señalando que este tipo de control no tiene sentido para las nuevas prioridades del organismo.
3. Eliminación de veedores de cámaras empresariales: A partir de la semana próxima, se derogarán las normas que permitían la participación de las cámaras empresariales locales en la fiscalización de productos que ingresaban al canal rojo. Aunque los veedores no tenían capacidad de veto, su presencia generaba control adicional sobre los productos extranjeros que competían con la industria local. Para Sturzenegger, esta medida es una forma de combatir lo que calificó como “la casta explícita”, en referencia a los sectores empresariales que, según él, obstaculizan la apertura comercial.
4. Eliminación de los valores de referencia para la exportación: Los valores de referencia se utilizaban para evitar que las exportaciones fueran subfacturadas, lo que reducía el pago de retenciones al Estado. Sin embargo, esta normativa será derogada en su totalidad. Misrahi aclaró que habrá un sistema de control “ex post” basado en los valores promedio registrados, aunque no se ofrecieron mayores detalles sobre cómo funcionará esta nueva modalidad.

Impacto en la industria y críticas

El objetivo del Gobierno es que, al eliminar estos controles, los bienes importados lleguen a precios más competitivos, lo que, en teoría, debería ayudar a desacelerar la inflación. Sturzenegger señaló que estas medidas podrían significar una mejora del tipo de cambio exportador del 1% para los sectores beneficiados por la desregulación. Sin embargo, este enfoque ha sido cuestionado desde distintos frentes.

Uno de los principales detractores es el exdirector general de Aduanas, Guillermo Michel, quien advirtió que estos cambios podrían facilitar la evasión fiscal y fomentar prácticas de sobrefacturación y subfacturación. Michel recordó que las normas derogadas fueron implementadas en 2005 bajo la resolución general 1907 firmada por Alberto Abad para controlar estas prácticas ilícitas. “Con la eliminación de esta herramienta solo buscan debilitar los controles del Estado y hacerles más fácil el trabajo a los estudios de abogados”, señaló.

Además, Michel criticó la falta de alineación con las políticas comerciales globales. “Estamos yendo a contramano del mundo. Estados Unidos acaba de endurecer los controles aduaneros a los productos chinos, y nosotros estamos liberando todo”, afirmó.

El contexto para la industria argentina

Estas medidas de apertura comercial se implementan en un contexto crítico para la industria argentina, que ya enfrenta serias dificultades debido al plan de ajuste, la caída del consumo y la creciente competencia de productos extranjeros. Varios sectores, como el automotor, han visto un aumento significativo en las importaciones, especialmente desde países como Brasil. La eliminación de barreras y controles aduaneros plantea un nuevo desafío para las empresas locales, que deberán competir en condiciones más desiguales con los productos internacionales.

El sector empresarial también ha mostrado preocupación por la posibilidad de que la competencia extranjera se profundice, lo que podría derivar en una mayor pérdida de empleos en las industrias nacionales. Algunos analistas han advertido que, si bien las medidas pueden traer alivio en términos de costos de importación, no resuelven los problemas estructurales que enfrentan las industrias locales, que incluyen altos costos laborales, falta de acceso a crédito y un sistema impositivo complejo.

Los pilares de la apertura comercial

Sturzenegger defendió las medidas como parte de los cinco pilares que guían la política del Gobierno de Milei: libertad económica, política anticorrupción, política anti castas, eficiencia administrativa y reducción de costos para las actividades de importación y exportación. Subrayó que la reducción de las normativas aduaneras es un paso hacia la modernización del Estado y hacia la eliminación de las trabas burocráticas que, en su opinión, solo han beneficiado a sectores protegidos que no fomentan la competencia.

En resumen, el conjunto de medidas anunciado forma parte de la estrategia de apertura comercial del gobierno de La Libertad Avanza, pero ha desatado críticas por el posible impacto negativo en la industria local y el debilitamiento de los controles estatales. Mientras el Ejecutivo avanza en su política de desregulación, la disputa sobre el balance entre la apertura comercial y la protección de la industria nacional sigue estando en el centro del debate económico en Argentina.