La ley de Financiamiento Universitario, recientemente vetada por el presidente Javier Milei, tendría un costo fiscal estimado entre $738.595 millones y $811.569 millones en lo que queda del año. Esta medida fue tomada un día después de una masiva marcha en contra del veto, mientras que la oposición se prepara para sesionar y revertirlo en el Congreso en los próximos días. La ley busca reforzar el presupuesto de las universidades, recomponiendo las partidas de acuerdo con la inflación y actualizando los salarios de docentes y no docentes.

El gobierno, por su parte, intenta acelerar las negociaciones con el PRO para evitar un revés legislativo, sin descartar la posibilidad de llevar el tema a la Justicia. El veto fue oficializado a través del Decreto 879/2024, donde se argumenta la falta de previsión presupuestaria y recursos para financiar el proyecto, señalando que su implementación demandaría aportes adicionales del Tesoro Nacional.

El veto ha sido motivo de creciente tensión, especialmente en el marco de la segunda Marcha Federal Universitaria bajo la presidencia de Milei, en protesta no solo por el recorte al financiamiento, sino también por el ajuste en los salarios y gastos operativos de las universidades. Según datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, las transferencias a las universidades han caído un 33,5% en los primeros ocho meses del año en comparación con el mismo periodo de 2023, lo que equivale a una reducción de $746.585 millones.

El proyecto de presupuesto del gobierno para 2025 no contempla una recomposición de fondos para las universidades, lo que ha generado preocupación entre los sectores académicos, que señalan que el 90% de su presupuesto está destinado a salarios. La proyección de gasto universitario implica una caída acumulada del 37,2% en términos reales entre 2024 y 2025, lo que agudiza el deterioro salarial y financiero de las instituciones.