El Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, emitió un fuerte comunicado en respuesta a la segunda edición de la Marcha Federal Universitaria, acusando a la movilización de estar motivada por intereses políticos más que por las necesidades del sistema educativo.
La marcha, cuyo reclamo principal es el financiamiento de las universidades públicas, ha generado tensiones entre el Gobierno y las instituciones educativas. Según un informe de una consultora privada, las transferencias a las universidades han caído un 29%, lo que ha sido el motor principal de estas protestas. Sin embargo, desde el gobierno, el secretario de Educación, Carlos Torendell, descalificó estas denuncias, afirmando que las universidades “inventan alumnos” para recibir mayores fondos.
El Ministerio acusa intereses políticos detrás de la movilización
En la previa a la nueva movilización, el Ministerio de Capital Humano emitió un comunicado en el que sostuvo que la marcha responde más a “intereses políticos” que a una real necesidad del sistema educativo. Según la cartera, los reclamos presentados ya están “atendidos y resueltos”, por lo que consideran que la protesta es innecesaria.
Bajo el título “Estamos a favor de la educación universitaria”, el comunicado oficial reafirma el compromiso del Gobierno con la educación superior, argumentando que “nunca se desfinanció la educación universitaria pública”. Añadieron que el único cambio ha sido la exigencia de mayor transparencia en la gestión de los recursos transferidos.
La marcha universitaria y el reclamo por financiamiento
El objetivo de la Marcha Federal Universitaria es exigir la actualización de las partidas presupuestarias del 2023 en base a la inflación acumulada en 2024, que alcanza el 211,4%. La comunidad universitaria reclama que los fondos asignados son insuficientes para cubrir los gastos de funcionamiento y sostener la calidad académica.
El Congreso se encuentra debatiendo una ley de financiamiento universitario, pero el presidente Javier Milei ya ha anticipado que vetará cualquier legislación que implique aumentos significativos en el presupuesto para las universidades. Ante este escenario, las universidades continúan presionando para obtener mayores recursos.
Acusaciones de irregularidades en la gestión de los fondos
En el mismo comunicado, el Gobierno aseguró que, hasta el momento, se han asignado más de $192.000 millones a las universidades, cumpliendo con un incremento del 270% en los gastos de funcionamiento. Sin embargo, sostienen que muchas universidades “no se dejan auditar” y no han rendido cuentas de manera adecuada sobre el uso de esos fondos.
Además, señalaron que el “costo de los estudiantes extranjeros” es una carga adicional para el sistema universitario público. El gobierno sostiene que estos estudiantes, que acceden gratuitamente a la educación superior, generan un desequilibrio en los recursos destinados a la educación local, lo que agrava las dificultades financieras.
Un conflicto que sigue escalando
Con posiciones cada vez más polarizadas, la segunda edición de la Marcha Federal Universitaria promete ser tan multitudinaria como la primera. Mientras las universidades insisten en que el financiamiento actual es insuficiente, el Gobierno defiende su gestión y asegura que los fondos se han distribuido adecuadamente, aunque con exigencias de mayor transparencia.
El conflicto entre el Gobierno y las universidades parece lejos de resolverse, y la movilización será clave para visibilizar las demandas de los estudiantes, docentes y trabajadores universitarios, mientras el gobierno busca desestimar las acusaciones de desfinanciamiento y politización del sistema educativo.
