El gobierno de Javier Milei se prepara para un momento crítico: la divulgación del primer indicador semestral de pobreza que abarca por completo su gestión. Este informe, que reflejará el impacto del contexto económico del primer semestre, se espera que traiga cifras desalentadoras, en consonancia con el peor momento de inflación y la retracción de la actividad económica que marcaron el inicio del plan económico de la actual administración.

La divulgación de estos datos no solo representará un desafío económico, sino también político, dado que reflejará el malestar social generado en un contexto de ajuste económico. Este mismo malestar ya ha sido un factor determinante en gobiernos anteriores, y el de Milei no será la excepción. Con la sombra de la herencia económica de la gestión anterior como su principal defensa, la administración ya anticipa que la oposición aprovechará los datos para reforzar su crítica al plan económico, en particular por el veto presidencial a la reforma jubilatoria y las demandas por mejoras salariales, que se mantienen en auge.

Medidas asistenciales en la estrategia del gobierno

Para mitigar el impacto negativo de los futuros indicadores, el gobierno ha intensificado su comunicación respecto a las políticas sociales. En los últimos días, Javier Milei destacó en varios discursos el aumento en las partidas destinadas a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otros programas de asistencia, asegurando que el 99% de la canasta básica está cubierta por estos programas, en contraste con el 60% que se alcanzaba durante la administración anterior.

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, también ha subrayado que, a pesar de los ajustes presupuestarios que permitieron ocho meses consecutivos de superávit fiscal, las partidas destinadas a la asistencia social no solo se mantuvieron, sino que crecieron un 21% en términos reales. En agosto, este rubro incluso registró un incremento del 71,5%. Además, Caputo destacó que esta mejora se dio “sin intermediarios”, refiriéndose al cambio de política que prioriza los programas de transferencia directa al beneficiario, sin la mediación de organizaciones sociales.

A pesar de estas medidas, el impacto político del informe de pobreza será inevitable. Hace un año, en plena campaña electoral, el gobierno de Sergio Massa enfrentó una situación similar cuando se publicó una tasa de pobreza del 40,1% y una indigencia del 9,3%, lo que desbarató su discurso centrado en la inclusión social. En respuesta, se lanzaron medidas como un bono para trabajadores informales y un aumento del salario mínimo, que resultaron insuficientes para frenar el malestar social, tal como se reflejó en las urnas.

Pobreza y desempleo: las cifras de una economía en crisis

Las expectativas respecto a los nuevos datos de pobreza no son alentadoras. Un informe reciente de la Universidad Di Tella estima que la pobreza en el primer semestre de 2024 alcanzó el 50,5%, lo que implica que alrededor de 23 millones de personas no logran cubrir la canasta básica de bienes y servicios. Esta cifra representa un agravamiento de la situación social respecto al semestre anterior, cuando el mismo estudio reportaba un 42,8% de pobreza.

El único consuelo para el gobierno es que los datos privados muestran una leve mejora en el segundo trimestre del año, con una disminución de la pobreza del 52,6% al 48,5%, lo que podría suavizar el impacto del informe oficial.

A nivel internacional, el panorama tampoco es favorable para Milei. El Comité de los Derechos del Niño de la ONU advirtió sobre el aumento de la pobreza infantil en Argentina y expresó preocupación por los recortes presupuestarios en educación y programas específicos para la niñez. Esta crítica internacional coincide con la próxima aparición de Milei en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde el presidente argentino tendrá que defender su gestión ante la comunidad internacional.

Indigencia: una luz de esperanza para el gobierno

A pesar del sombrío panorama, el gobierno espera que las cifras de indigencia, aunque preocupantes, no muestren un deterioro tan marcado como en las últimas mediciones del gobierno anterior. La indigencia es un indicador particularmente crítico, ya que mide si las personas logran consumir una dieta adecuada con las proteínas necesarias para mantener un buen estado de salud.

La canasta de indigencia, que hoy se ubica en $421.474 para un hogar de cuatro personas, es aproximadamente el 45% del valor de la canasta básica, que además de alimentos incluye servicios como vivienda. El salario mínimo de agosto, que asciende a $262.432, permite que un hogar con dos ingresos mínimos esté un 24% por encima de la línea de indigencia, aunque sigue estando un 44% por debajo de la línea de pobreza.

Este fenómeno ha alimentado la crítica de sindicatos y organizaciones sociales, que denuncian la consolidación del fenómeno de los “trabajadores pobres”. Esta situación refleja cómo, en los últimos años, el trabajo ha dejado de ser una garantía de salida de la pobreza, afectando incluso a sectores formales de la economía.

Un alivio relativo en los alimentos frente a la inflación

A pesar de todo, algunos indicadores apuntan a señales positivas. La canasta alimentaria ha registrado un abaratamiento relativo frente a la inflación general. Mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado en el primer semestre fue del 79,8%, la canasta alimentaria solo aumentó un 63%. La canasta básica, que incluye servicios, registró una suba más acorde a la inflación general, con un 76%.

Esta discrepancia se debe a un reacomodamiento de precios relativos, donde los servicios -particularmente los servicios regulados como combustibles, tarifas públicas y salud- han registrado aumentos mayores que los alimentos. Esto significa que, en términos relativos, el impacto de la inflación ha sido más fuerte sobre los sectores medios, que destinan un mayor porcentaje de su ingreso a servicios, mientras que los sectores de bajos ingresos, que priorizan la alimentación, han experimentado un impacto menor.

Conclusión: una batalla política en puerta

En resumen, el próximo informe de pobreza será un momento crucial para el gobierno de Milei, que enfrenta el desafío de justificar los costos sociales de su plan económico en medio de una crisis que ha golpeado duramente a los sectores más vulnerables. Si bien algunas medidas paliativas, como el aumento de la asistencia social, buscan mitigar el impacto, el malestar social es palpable y la oposición no dudará en aprovechar los datos para criticar el ajuste económico.

El gobierno confía en que, a pesar del incremento en los niveles de pobreza, las cifras de indigencia no se agraven de manera significativa, lo que podría brindar una luz de esperanza en medio de un escenario adverso. Sin embargo, la realidad es que el contexto económico seguirá siendo un terreno de batalla política y social en los próximos meses.