El mercado ha recibido de manera favorable la premisa central del Presupuesto 2025 presentada por el presidente Javier Milei, donde el déficit cero se establece como una medida innegociable. Este plan de ajuste fiscal, que prioriza el equilibrio de las cuentas públicas y el pago de la deuda, es visto como una hoja de ruta clave para asegurar el acceso al financiamiento internacional y lograr una estabilización de la macroeconomía. Sin embargo, el verdadero desafío radica en cómo se distribuirán los costos políticos y económicos del ajuste que propone el gobierno.

El déficit cero: un mensaje claro, pero con incertidumbres

El pasado domingo, Milei presentó en el Congreso Nacional los lineamientos generales del Presupuesto 2025. La piedra angular de este plan es la meta de déficit fiscal cero, lo que implica eliminar la necesidad de financiar el gasto público a través de emisión monetaria o endeudamiento. Este principio es bien recibido por los mercados y analistas, ya que implica una mayor disciplina fiscal y una política macroeconómica coherente con la idea de estabilizar la economía y reducir la inflación a largo plazo.

Además, el Presupuesto refleja la intención del gobierno de asegurar el pago de la deuda externa como una prioridad. El acceso a financiamiento internacional, algo que ha sido restringido en los últimos años para la Argentina debido a la falta de confianza en su capacidad de pago, dependerá de esta señal clara de ajuste. Para los inversionistas, esto es un paso en la dirección correcta, ya que un país con cuentas públicas más equilibradas se vuelve más confiable y atractivo para recibir créditos internacionales a tasas más bajas.

Sin embargo, detrás de este objetivo ambicioso, se esconden numerosas incertidumbres. La discusión central en los círculos económicos no es tanto si la meta de déficit cero es adecuada, sino cómo se logrará implementarla en un contexto político complejo y con una macroeconomía todavía frágil. El desafío para Milei y su equipo económico será la distribución de los costos del ajuste: qué sectores verán reducidos sus beneficios, cuáles sufrirán recortes y cómo impactará esto en la viabilidad política de llevar a cabo el plan.

El ajuste: ¿quién paga el costo político?

Uno de los mayores retos que enfrenta el gobierno es cómo lograr un ajuste fiscal sin generar una gran resistencia política y social. La historia reciente de Argentina muestra que los programas de ajuste drástico suelen generar protestas sociales y fuertes tensiones políticas, lo que pone en duda la capacidad del gobierno de sostener medidas de austeridad a largo plazo.

En este contexto, el Presupuesto 2025 no solo se enfrenta a desafíos técnicos, sino también a la complejidad de mantener la gobernabilidad. Con un Congreso dividido y una sociedad afectada por años de crisis económica, la implementación de recortes podría generar fuertes tensiones. Sectores clave, como el de los empleados públicos, los beneficiarios de planes sociales y los subsidios energéticos, se verán directamente afectados por las medidas de ajuste, lo que puede derivar en un aumento de la conflictividad.

El gobierno de Milei ha hecho hincapié en la necesidad de recortar el gasto público, especialmente en aquellas áreas donde considera que hay “excesos” o un uso ineficiente de los recursos. Sin embargo, estos recortes suelen tener un impacto directo en los servicios públicos, en los programas sociales y en el empleo estatal, lo que podría erosionar rápidamente el apoyo político que necesita para avanzar con el plan. En este sentido, la viabilidad política del ajuste es una de las principales preocupaciones del mercado, que observa con atención cómo el gobierno manejará estas tensiones.

La reacción del mercado y la brecha cambiaria

A pesar de las dudas, el mercado ha reaccionado positivamente al enfoque fiscal del Presupuesto 2025, entendiendo que es un paso necesario para restablecer la confianza en la economía argentina. Sin embargo, existen ciertos puntos críticos que siguen generando incertidumbre. Uno de ellos es la brecha cambiaria, que actualmente se mantiene en torno al 30%, una señal de que los desequilibrios en el mercado cambiario persisten a pesar de los esfuerzos del gobierno por estabilizar la economía.

La brecha cambiaria, que es la diferencia entre el dólar oficial y los tipos de cambio alternativos, refleja las expectativas del mercado sobre el futuro de la economía. A pesar de la promesa de ajuste fiscal, los inversionistas aún tienen dudas sobre la capacidad del gobierno de controlar la inflación y de garantizar una estabilidad macroeconómica duradera. Mientras la brecha no disminuya significativamente, las presiones sobre el tipo de cambio y la inflación continuarán.

Inflación: un desafío persistente

A pesar de los esfuerzos del gobierno por encaminar las cuentas fiscales, uno de los problemas más difíciles de resolver es la inflación, que sigue siendo alta y plantea serias dudas sobre la capacidad del equipo económico para controlarla. La inflación, que afecta directamente al poder adquisitivo de los argentinos, ha sido una de las mayores fuentes de malestar social en los últimos años. Aunque el déficit cero es una medida clave para reducir la presión inflacionaria a mediano y largo plazo, la pregunta sigue siendo si este plan será suficiente para bajar la inflación de manera significativa en los próximos meses.

Los mercados financieros y los analistas económicos entienden que una reducción sostenida de la inflación requiere más que solo equilibrio fiscal; es necesario un conjunto de políticas que incluyan reformas estructurales, mayor competitividad y credibilidad en la política monetaria. Hasta ahora, aunque el presupuesto establece la intención de alcanzar estas metas, los detalles sobre cómo se logrará todavía generan incertidumbre.

¿Qué esperar para 2025?

El Presupuesto 2025 plantea una hoja de ruta que el gobierno de Milei espera seguir para estabilizar la economía y sentar las bases para un crecimiento más sostenible a largo plazo. Sin embargo, los desafíos que enfrenta el país son enormes. La prioridad de lograr un déficit cero y reinsertarse en los mercados internacionales de crédito es crucial, pero el costo político y social del ajuste no puede subestimarse.

El mercado, aunque apoya los lineamientos generales del plan, sigue observando de cerca la ejecución y la viabilidad política del ajuste. A medida que avanza el año, las tensiones podrían aumentar si los sectores afectados por los recortes reaccionan con protestas o si el gobierno enfrenta dificultades para mantener la gobernabilidad en un contexto económico delicado.

En definitiva, el Presupuesto 2025 marca el inicio de un camino lleno de desafíos, donde el éxito dependerá no solo de la capacidad técnica del gobierno para ajustar las cuentas, sino también de su habilidad para manejar el costo político y social de este ambicioso plan de estabilización económica.