El bloque de diputados del PRO presentó en el Congreso un proyecto de ley para privatizar Aerolíneas Argentinas, una medida que ha cobrado fuerza en las últimas semanas debido a los numerosos paros y conflictos gremiales que afectaron a miles de pasajeros. Esta propuesta resurge en un contexto de creciente malestar con el funcionamiento de la aerolínea de bandera, la cual ha estado bajo la lupa por su alto déficit y la necesidad de recurrentes aportes del Estado para mantener sus operaciones.

Un proyecto que apela a la historia

La iniciativa del PRO se fundamenta en la Ley de Reforma del Estado N° 23.696, una normativa sancionada en el gobierno de Carlos Menem que permitió la privatización de varias empresas públicas durante la década de los 90. Aquella ley sigue siendo un punto de referencia para quienes ven en la privatización un camino hacia la eficiencia y el alivio fiscal. La propuesta actual está encabezada por figuras destacadas del partido como Hernán Lombardi, Martín Yeza, Daiana Fernández Molero, Silvana Giudici y Damián Arabia.

En el proyecto, los diputados hacen hincapié en el elevado costo que Aerolíneas Argentinas representa para el Estado, argumentando que desde su reestatización en 2008, los aportes necesarios para mantenerla han sido excesivos. Estos legisladores reconocen la importancia de la conectividad aérea para el desarrollo económico, pero cuestionan que la compañía se ha transformado en un “privilegio para unos pocos”, siendo los contribuyentes quienes terminan subsidiando el servicio.

Críticas a la gestión y control gremial

Los autores del proyecto señalan que Aerolíneas Argentinas ha sido utilizada como refugio de militantes partidarios y que su gestión ha estado marcada por años de corrupción y mala administración. En este sentido, el control que algunos sindicatos ejercen sobre la aerolínea es otro de los aspectos que critican duramente. Para los legisladores del PRO, la empresa se ha vuelto rehén de ciertos gremios, lo que, según afirman, ha empeorado su situación financiera y ha perjudicado el servicio.

Las recientes huelgas y medidas de fuerza tomadas por los gremios aeronáuticos en reclamo de mejoras salariales no han hecho más que alimentar el debate. La última jornada de paro, que dejó más de 150 vuelos cancelados y afectó a 15.000 pasajeros en Aeroparque y Ezeiza, se convirtió en un punto de inflexión. En este contexto, el PRO sostiene que la privatización permitiría liberar a Aerolíneas del control sindical y hacerla funcionar bajo criterios de “eficiencia comercial”.

Privatización: una propuesta en sintonía con el gobierno de Javier Milei

La propuesta del PRO se alinea con las recientes declaraciones del presidente Javier Milei, quien ha expresado en varias ocasiones su intención de avanzar con la privatización de Aerolíneas Argentinas. En una entrevista reciente, el subsecretario de Prensa, Javier Lanari, calificó la medida como “un acto de justicia social”, argumentando que los ciudadanos no deberían seguir sosteniendo una aerolínea que está fuera del alcance de la mayoría.

Lanari subrayó que, bajo la gestión estatal, Aerolíneas Argentinas se ha transformado en un “pozo sin fondo” que consume recursos públicos sin ofrecer un servicio acorde. A su juicio, permitir que la aerolínea opere bajo reglas de mercado no solo mejoraría su desempeño, sino que abriría la puerta a una mayor competencia, lo que en última instancia beneficiaría a los usuarios. Además, sostuvo que es necesario terminar con la “falsa narrativa” de que Aerolíneas Argentinas es un patrimonio que debe ser defendido a toda costa.

La batalla con los gremios aeronáuticos

El contexto gremial es uno de los factores que más incide en la discusión sobre la privatización. Las organizaciones sindicales vinculadas al sector aeronáutico han mantenido una relación tensa con el gobierno y la empresa. La seguidilla de paros y las crecientes demandas salariales reflejan la profunda insatisfacción de los trabajadores, quienes ven en la situación actual una pérdida de poder adquisitivo, pero también una amenaza a la estabilidad laboral que podría intensificarse con una eventual privatización.

Los gremios han dejado claro que no están dispuestos a permitir que Aerolíneas Argentinas pase a manos privadas sin dar batalla. En un comunicado reciente, varios sindicatos del sector, entre ellos la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y la Unión del Personal Superior (UPSA), advirtieron que una privatización sería “un golpe letal” para los trabajadores y que lucharán “hasta las últimas consecuencias” para evitarlo. Las huelgas se han convertido, por tanto, en una herramienta de presión, no solo para mejorar las condiciones laborales, sino también para defender el modelo de gestión estatal.

Un debate que divide a la sociedad

La privatización de Aerolíneas Argentinas es un tema que polariza a la sociedad. Por un lado, quienes apoyan la medida, como el bloque del PRO y sectores afines al gobierno de Javier Milei, argumentan que es la única vía para hacer sostenible a la aerolínea y evitar que siga siendo una carga para el Estado. Consideran que el país no puede seguir destinando recursos millonarios a una empresa que, en su opinión, podría ser gestionada con más eficiencia en el ámbito privado.

Por otro lado, están quienes defienden la permanencia de Aerolíneas en manos del Estado, destacando su rol en la conectividad del país, especialmente en las zonas más alejadas o con menos demanda comercial. Para estos sectores, privatizar la aerolínea implicaría un retroceso y dejaría a muchas regiones sin acceso a vuelos o con precios prohibitivos. Además, temen que la privatización conduzca a la pérdida de miles de puestos de trabajo y afecte la soberanía nacional en el control del espacio aéreo.

El futuro de Aerolíneas Argentinas: incertidumbre y tensiones

El debate sobre la privatización de Aerolíneas Argentinas está lejos de resolverse. Mientras el proyecto del PRO avanza en el Congreso y cuenta con el respaldo del Ejecutivo, los gremios se preparan para intensificar sus medidas de fuerza y la sociedad se muestra dividida en torno a cuál es el mejor camino para el futuro de la aerolínea de bandera.

Lo que está claro es que el conflicto gremial y la crisis financiera de la empresa no pueden sostenerse indefinidamente. La necesidad de encontrar una solución que equilibre la eficiencia, la competitividad y el interés público será clave en las decisiones que se tomen en los próximos meses. Si bien la privatización es vista por algunos como la solución definitiva, para otros representa un riesgo que podría desmantelar uno de los pilares históricos del sistema de transporte aéreo del país.