En un escrito presentado ante el juzgado, el ex presidente Alberto Fernández negó categóricamente cualquier tipo de intervención para beneficiar a su amigo Héctor Martínez Sosa en la contratación de seguros con el Estado. “Soy totalmente ajeno a sus empresas. Nunca intercedí por él en la contratación de un seguro del Estado”, declaró Fernández, desmarcándose así de cualquier relación profesional que pudiera haber favorecido a Martínez Sosa.
Sin embargo, dos informes de auditores, a los que tuvo acceso Clarín, parecen contradecir esta afirmación. Los documentos revelan que el broker Martínez Sosa obtuvo el 42,2% de los contratos bajo investigación, lo que representa una suma total de comisiones de 1.959.941.865 millones de pesos, obtenida a través de su intermediación con Bachelier SA, la principal compañía a la que le conseguía pólizas. Estos contratos se distribuyeron en cinco organismos clave del Estado, según los informes.
Investigación Judicial y Principales Implicados
El juez federal Julián Ercolini lidera la investigación que no solo involucra al ex presidente Alberto Fernández, sino también a Héctor Martínez Sosa, a su esposa y ex secretaria de Fernández, María Cantero, y a otros actores como el ex titular de Nación Seguros SA, Alberto Pagliano, el broker Pablo Torres García, y Federico Alejandro D´Angelo Campos. La investigación busca esclarecer posibles hechos de corrupción vinculados con la contratación de seguros estatales.
Los primeros hallazgos sugieren que la presunta maniobra de corrupción no se limitó a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), dirigida por Fernanda Raverta, sino que se extendió a 45 organismos y ministerios dependientes del Estado, todos firmantes de convenios con Nación Seguros SA.
El Rol de los Intermediarios y el Decreto 823/2021
La justicia federal se centra en el análisis del rol de los intermediarios en la contratación de seguros y el impacto del Decreto 823/2021, firmado por Fernández, que obligó a toda la administración pública a contratar exclusivamente con Nación Seguros SA. Según los investigadores, este decreto facilitó la intermediación de brokers, entre ellos Martínez Sosa, en los contratos de seguros del Estado.
El informe de la auditoría de Nación Seguros SA revela que 45 organismos firmaron un total de 25 convenios para la contratación de seguros, permitiendo que intermediarios, designados por los órganos superiores, percibieran comisiones sustanciales. Héctor Martínez Sosa, a través de su empresa y como intermediario de otros productores, fue quien más contratos acumuló.
Detalles de los Contratos y las Comisiones
Los informes señalan que Martínez Sosa gestionó 19 contratos, posicionándose como el intermediario con mayor número de adjudicaciones, sumando el 42,2% de los contratos bajo investigación. Los contratos incluyen organismos clave como Vialidad Nacional, Gendarmería Nacional, Policía Federal, y varios ministerios y dependencias del Estado.
Estos contratos, en conjunto, representan comisiones millonarias que beneficiaron tanto a Martínez Sosa como a Bachelier SA, destacándose como los dos intermediarios principales. Entre ambos, acumularon en concepto de comisiones más de la mitad del total pagado por el Estado, sumando 1.959.941.865 pesos.
Declaraciones y Defensa de Alberto Fernández
Ante las acusaciones y los datos revelados por los informes, Alberto Fernández sostuvo su defensa, enfatizando su desvinculación de las actividades comerciales de Martínez Sosa. En su escrito al juez Ercolini, Fernández detalló que “Martínez Sosa es el marido de mi ex secretaria, María Cantero, y hace treinta años que están en pareja”. También subrayó que su relación con él es de amistad y que la empresa de Martínez Sosa ha operado históricamente en el ámbito de los seguros, sin distinción de los gobiernos en el poder.
Fernández negó haber intervenido para favorecer a su amigo y declaró: “Nunca intercedí por él en la contratación de un seguro del Estado. Jamás me pidió que lo hiciera. No tengo ningún vínculo comercial con Héctor Martínez Sosa”. Sin embargo, admitió mantener una deuda con Martínez Sosa desde 2010, la cual, según afirmó, ha sido transparentada en todas sus declaraciones juradas de bienes.
Continuidad de la Investigación
La investigación continúa bajo la supervisión del juez Julián Ercolini, quien ha solicitado un informe adicional a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para completar la auditoría inicial y esclarecer el papel de los intermediarios en los contratos de seguros estatales. La justicia busca determinar si era necesario que los 45 contratos investigados incluyeran la intervención de brokers de seguros y si se configuró una administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
La evolución de este caso será determinante para aclarar posibles irregularidades en la contratación de seguros durante la gestión de Alberto Fernández y podría tener implicaciones significativas para todos los implicados en la investigación.
