La Justicia federal avanza en la investigación de una presunta red de trata de personas con fines de explotación sexual, en la que estarían involucrados empresarios del sector salud. La causa, que se encuentra en manos del juez Ariel Lijo, fue objeto de preguntas durante la reciente audiencia en el Senado para su candidatura a la Corte Suprema. A pesar de que el juez archivó el expediente en mayo por falta de pruebas, la Cámara Federal de Apelaciones de Buenos Aires ordenó continuar con la investigación, destacando la necesidad de profundizar en las denuncias presentadas por una ONG sobre la participación de dos jóvenes en supuestas fiestas con algunos de los investigados.

En el marco de la investigación, el fiscal Ramiro González, con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), ha solicitado la declaración de un testigo clave bajo el método de cámara gesell. Esta técnica se utiliza para proteger a los testigos durante su testimonio, que será observado por abogados y fiscales sin intervención directa. La declaración del testigo podría ser crucial para esclarecer los hechos y determinar la existencia de intermediarios que hayan reclutado personas para la explotación sexual.

El caso ha generado un fuerte impacto público, especialmente tras las declaraciones de Roberto Mazzoni, quien denunció la existencia de la “red de trata más grande de Argentina”, involucrando a conocidos empresarios como Alejandro Roemmers y Matías Barreiro. En respuesta, Roemmers negó categóricamente las acusaciones, alegando que son parte de una extorsión en su contra. La investigación continúa, con la Justicia tratando de esclarecer los hechos y determinar la veracidad de las acusaciones.