La revelación sobre la existencia de fotografías, audios y textos que documentarían varios episodios de agresiones físicas de Alberto Fernández hacia su ahora expareja Fabiola Yañez durante su paso por el poder y por la residencia presidencial de Olivos, alteró dramáticamente el frágil equilibrio en el que pendulaba la relación entre los padres del niño Francisco Fernández.

La exprimera dama vive en España con su hijo y periódicamente con su madre, alejada en pésimos términos del expresidente y también de la Argentina, cuyo suelo no quiere pisar bajo ninguna circunstancia. Pero quienes la oyeron este fin de semana quedaron impresionados por el nivel de furia contra Alberto Fernández y el voltaje de los reclamos hacia él, personales y económicos, que lo habrían sumido en un cuadro de profunda angustia.

Yañez estuvo reconsiderando su decisión de no denunciar al padre de su hijo por violencia de género. La mera posibilidad de que lo haga estremece a Fernández y buena parte de su empequeñecido círculo de confianza, varios de cuyos integrantes -al igual que personal de Olivos- habrían tenido noticias de los maltratos en su momento.

Esa es la foto de las últimas horas, que con las emociones a flor de piel puede volver a cambiar una y varias veces. En tribunales también buscan cubrirse de estos giros: “yo creo que, entre otros motivos, Julián [Ercolini, el juez] decidió acudir a la Oficina de Violencia de Género de la Corte para poder mantener el secreto y la reserva que buscaba, pero a la vez compartir con otra instancia judicial el material tan comprometedor que había llegado a sus manos”, dice un camarista federal con décadas de experiencia en el fuero porteño.

En el departamento de Puerto Madero en el que volvió a vivir Alberto Fernández -que supuestamente pertenece al publicista Pepe Albistur- el clima oscila entre la desesperación y la bronca. “Ella lo quiere extorsionar, lo presiona hasta el límite de la salud mental, quiere plata, él no aguanta más”, deslizó uno de los amigos históricos y compañeros de militancia del expresidente en el peronismo porteño.

La Denuncia de Fabiola: ¿El Único Camino?

En su breve resolución del anexo reservado en el que consignó la existencia de fotografías y chats en los que se reflejaban los distintos actos de supuesta violencia de género -interpretación que la oficina de la Corte convalidó, pidiendo que la presunta víctima sea escuchada personalmente- el doctor Ercolini dispuso el archivo del episodio al menos mientras Yañez no cambiara de idea. Si eso ocurriese, la maquinaria judicial se pondría en marcha para investigar al expresidente también por golpear a su exmujer. Por ahora, solo está bajo la lupa de los tribunales por presunta corrupción.

Esta tesitura es la histórica en la justicia argentina, y avalada por la mayoría de los magistrados consultados por este diario, cuyos nombres se envuelven en sombras apenas intuyen que podrían ser vinculados en el escándalo. “El código penal es claro”, dice un funcionario nacional que coordina el trabajo de fiscales de todo el país. “Se trata de un delito de instancia privada, no se puede meter el ministerio público fiscal para evitar el strepitus fori, es el ‘escándalo jurídico’ causado por el dictado de sentencias contradictorias”.

“Los actos de violencia son en principio delitos civiles, que se convierten en penales a través de una tipificación específica en el Código. El derecho penal es de última ratio, de última razón. Interviene donde hay un interés superior del Estado por regular relaciones entre privados, que deben desenvolverse lejos de su mirada. Si quieren pensar distinto, hay que modificar la ley”, concluye su explicación.

Pero en derecho, casi más que en ninguna otra ciencia humana, siempre hay dos bibliotecas.

Otro fiscal federal con despacho en Comodoro Py comparte su visión, fundada en una experiencia personal: “En casos de violencia intrafamiliar, los fiscales pueden impulsar la investigación. A mí me tocó conocer varios, y uno muy de cerca”, dice el funcionario.

“Las mujeres que son golpeadas por sus parejas, por sus padres o algún otro pariente, en la mayoría de los casos tienen ciertos tipos de dependencia psicológica con sus agresores. Y ni hablar de la dependencia económica: ¿cuántas chicas sometidas a violencia son realmente libres para decidir si denuncian o no a sus novios o maridos?”, se pregunta en forma retórica.

Las crecientes corrientes feministas vienen abonando esta última lectura, en manifestaciones públicas pero también en la letra de varios expedientes judiciales. Ahora esos ensayos tienen un oportuno casus belli frente a sus ojos. Pueden bajar la vista, por supuesto.