A casi un mes de la promulgación de la Ley Bases, el Gobierno ha reglamentado la primera parte de la legislación, avanzando en las reformas que el presidente Javier Milei se propuso llevar a cabo al inicio de su gestión. Esta reglamentación incluye la privatización de varias empresas públicas.
El Decreto 695/2024, publicado en el Boletín Oficial, hace efectiva la reglamentación, acelerando la implementación de la normativa que fue resultado de un largo proceso en el Congreso, incluyendo un primer intento fallido y negociaciones a contrarreloj lideradas por Guillermo Francos.
Empresas a Privatizar según la Ley Bases:
- Energía Argentina
- Intercargo
- AySA
- Belgrano Cargas
- Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE)
- Corredores Viales
- Nucleoeléctrica Argentina S.A (NASA)
- Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético a cargo de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT)
Proceso de Privatización según la Ley Bases:
El ministro o secretario de la Presidencia, bajo cuya jurisdicción se encuentre la empresa a privatizar, deberá presentar al Poder Ejecutivo un informe detallado que incluya:
- Carácter total o parcial de la privatización propuesta y su fundamento.
- Alternativas de procedimiento adecuadas al caso.
- Modalidades convenientes para materializar la privatización.
- Procedimiento de selección y plazos estimados para cada etapa del proceso de privatización.
- Propuesta para otorgar preferencias según el artículo 16 de la Ley Nº23.696 y la aplicabilidad de un Programa de Propiedad Participada.
Una copia de este informe será enviada a la Comisión Bicameral del Congreso.
Autorización y Procedimientos:
Una vez que el Ejecutivo otorgue la autorización correspondiente, el funcionario podrá iniciar los procedimientos para la privatización. Antes de formalizar los contratos, la Autoridad de Aplicación deberá consultar a la Procuración del Tesoro de la Nación y a la Sindicatura General de la Nación. Cualquier observación o sugerencia al contrato por parte de la Procuración requerirá un nuevo informe.
Esta reglamentación marca un paso importante en las reformas estructurales del gobierno de Milei, enfocadas en la privatización y eficiencia de las empresas públicas.
