Después del receso invernal, la Cámara de Diputados reanuda su actividad habitual con diversas reuniones de comisión y una sesión programada para la próxima semana, en la que se tratarán proyectos relacionados con la agenda de seguridad.

Este resurgimiento legislativo ocurre mientras continúan los efectos del escándalo provocado por la visita de un grupo de diputados de La Libertad Avanza a represores condenados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. La visita al penal de Ezeiza generó tensiones internas en el bloque liderado por Gabriel Bornoroni, que en la noche del martes debatió estrategias de “gestión de crisis” y control de daños para contener el impacto.

La diputada Rocío Bonacci, quien alegó haber sido engañada sobre el propósito de la visita, intensificó las tensiones al implicar al presidente de la Cámara, Martín Menem, en el escándalo. Esto llevó a un malestar dentro de su bancada y una reacción adversa de Unión por la Patria, que exige medidas disciplinarias.

En respuesta, el bloque de Unión por la Patria, liderado por Germán Martínez, presentó un proyecto de ley para constituir una comisión especial que investigue la conducta de los diputados involucrados y determine quién autorizó el uso de vehículos oficiales para el traslado.

Además, otro tema de controversia que amenaza con complicar la situación del oficialismo es la oposición al decreto que amplía en 100 mil millones de pesos los fondos reservados para la SIDE. Diferentes sectores de la oposición han presentado proyectos para derogar el decreto, alegando que cualquier decisión sobre estos fondos debe ser aprobada por el Congreso.

La estrategia del oficialismo es tratar el incidente como un “asunto personal” y evitar una mayor escalada de la polémica, mientras que la oposición se prepara para desafiar el decreto en la próxima sesión.